PÉRDIDA DE CASI 19 MILLONES DE EUROS

Hiriko, el fallido proyecto de coche eléctrico

La abogada del Estado y la fiscal mantienen que en Hiriko se dilapidó dinero público por gestión negligente. Piden la devolución de las ayudas públicas recibidas y diez años de inhabilitación para sus cuatro administradores.

Hiriko, el fallido proyecto de coche eléctrico.
Hiriko, el fallido proyecto de coche eléctrico.

La abogada del Estado y la fiscal han mantenido que se declare culpable de su quiebra a los promotores de Hiriko, el fallido proyecto de coche eléctrico, por considerar que "no guardaron diligencia en la gestión" del proyecto, "dilapidando" el dinero público, actuando de forma "negligente" y "sin ningún control" sobre los gastos.

Los Juzgados de Vitoria han celebrado este lunes la última sesión del juicio mercantil del 'caso Hiriko' en el que se investigan las posibles responsabilidades del exconcejal del PNV Iñigo Antía, y los empresarios Jesús Echave, Fernando Achaerandio y José Luis Bengochea, por la pérdida de casi 19 millones de euros de ayudas públicas invertidos en un fallido proyecto de coche eléctrico.

Los cuatro acusados formaban parte de Asociación para el Fomento y Promoción de Actividades Industriales y Deportivas de Automoción (Afypaida), a través de la que se articulaban las empresas implicadas en el proyecto de coche eléctrico. El proyecto recibió 18,9 millones de euros en ayudas, la mayor parte de ellas concedidas por el Estado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Administración Concursal encargada del concurso de acreedores de Afypaida reclama la calificación de concurso "culpable". La Abogacía del Estado reclama la devolución de los casi 19 millones de euros concedidos en ayudas, mientras que en el caso de la Fiscalía, se cifra el "daño al interés general" en 15,7 millones de euros, y se solicita la devolución de esta suma, así como una inhabilitación de diez años para administrar bienes ajenos por parte de los acusados.

En la sesión celebrada este lunes, la fiscal ha defendido que los acusados "no guardaron diligencia en la gestión" y aunque ha reconocido que un proyecto de I+D+i se puede financiar con fondos públicos, ha calificado de "preocupante" el uso que se hizo de ellos.

Según ha criticado, los promotores de Hiriko "vendieron una idea", y tuvieron problemas desde el inicio, "improvisando incluso en el propio modelo de negocio", siendo un proyecto en el que se "dilapidó" dinero público con unos administradores "negligentes" que "no hicieron ningún control sobre los pagos".

Respecto a las robo-ruedas, una de las "mayores innovaciones" del proyecto Hiriko, ha destacado que este proyecto, subcontratado a la firma BRV, "agravó" la situación de "insolvencia" de la empresa ya que se produjo un "encarecimiento" en su producción que se externalizó de forma "injustificada". "Hubo una mala gestión absoluta que llevó a la ruina de todo el proyecto", ha insistido.

Además, ha señalado que se trasladaron al Edificio Alas porque era propiedad de Jesús Echave, ya que las instalaciones "no reunían las condiciones necesarias".

La abogada del Estado, por su parte, ha aclarado que no se enjuicia si el Ministerio de Ciencia y Tecnología controló de forma suficiente la subvención que concedió al proyecto Hiriko, sino que se ha comprobado que "se ha despilfarrado el dinero público concedido". "No es un proyecto que sale mal, es una mala gestión", ha asegurado.

Según ha criticado, en la memoria presentada por los promotores del vehículo eléctrico se indicaba que el Hiriko está "a punto" de ser homologado cuando "no hay documentos que respalden esta afirmación" y cree que "ni si quiera se intentó homologar".

No habría dado subvenciones

La abogada del Estado ha señalado que Hiriko era un proyecto "lleno de ilusiones" pero "no industrializable" y ha advertido de que si el Ministerio hubiera sabido que no tenía especificaciones técnicas y que no se podía homologar, "nunca habría dado las subvenciones".

Para la Administración Concursal, los hechos son "claros" y queda acreditada su acusación. Ha criticado que a pesar de que se acreditara la situación de insolvencia de la empresa, se retrasara 18 meses la petición de entrada en concurso de acreedores a pesar de que la empresa "no tenía actividad, in ingresos, y se había producido la extinción de los contratos laborales".

También ha criticado que, aunque los responsables argumentaron que mantenía contactos para conseguir la continuidad de la empresa, estos no se han probado con documentos como, por ejemplo, la existencia de acuerdos de confidencialidad con empresas.

Asimismo, ha calificado de "absoluto despropósito" la compra de un coche de carreras, ya que esta adquisición "no se consultó con ningún ingeniero", y a pesar de no utilizarlo como "banco de pruebas", al Ministerio de Ciencia "sí le dijeron" que lo habían empleado.

La defensa

Por último, el letrado de Afypaida ha pedido que se desestimen las peticiones de la acusación porque cree que "no se ha probado nada" y ha señalado que "para que haya responsabilidad debe de haber acción u omisión o que sea probado y no ha sido así".

Según ha defendido, el sistema de gestión de las empresas que promovieron el proyecto Hiriko estaba "sometido a control", con unas cuenta auditadas y ha subrayado que la empresa seguían un sistema "intachable" en el que se controlaban los gastos y pagos de forma "detallada".

También ha señalado que los proyectos de I+D+i "pueden dar resultados o no. Esto no es un Seat Ibiza, se trata de un proyecto innovador", ha insistido.

Asimismo, ha defendido la adquisición del coche de carreras señalando que no fue una compra "oculta" sino que fue acordada en una asamblea general que ha sido criticada por los trabajadores con los que existe un "conflicto" entre ellos y la empresa. También ha señalado que la compra "tenía su razón de ser" porque se quería utilizar para solucionar un problema de masas suspendidas del futuro coche eléctrico.

Al margen de este juicio mercantil, existe una investigación penal en un juzgado de la capital alavesa, en la que se estudia la presunta utilización de facturas falsas por parte de los responsables del proyecto para destinar a su propio beneficio las ayudas públicas concedidas al proyecto 'Hiriko'. Estas facturas presuntamente irregulares sumarían, según la investigación de la Fiscalía, más de seis millones de euros.

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