Según el Gobierno, la iniciativa supondría un gasto adicional de 3,5 millones de euros, mientras que dejarían de ingresarse otros 3,1 millones en exenciones fiscales y subvenciones al pago de peajes eléctricos.

La compra de vehículos eléctricos no dispondrá de más ayudas por parte del gobierno y veta una proposición de ley alegando prórroga presupuestaria.