La Unión Europea ha destapó una de las mayores tramas de fraude aduanero de su historia reciente. La denominada operación Calypso, coordinada por la Fiscalía Europea (EPPO) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ha sacado a la luz un entramado internacional que habría provocado pérdidas superiores a los 800 millones de euros mediante la importación irregular de bicicletas eléctricas y otros productos procedentes de China.
La investigación hizo posible interceptar 2.435 contenedores valorados en unos 250 millones de euros y descubrir un sistema que llevaba años esquivando aranceles antidumping, IVA y controles aduaneros en varios puertos europeos.
Más de 500 contenedores cargados de bicicletas eléctricas
Las bicicletas eléctricas han sido uno de los principales productos implicados en la trama. Según las autoridades, más de 500 contenedores inspeccionados contenían ebikes importadas desde China, mientras que otros 360 ni siquiera habían sido declarados correctamente ante las autoridades aduaneras.
El mecanismo era relativamente sencillo: los importadores declaraban únicamente entre un 10% y un 15% del valor o contenido real de las mercancías transportadas. De este modo conseguían reducir drásticamente el pago de impuestos y evitar los aranceles antidumping establecidos por Bruselas para proteger a los fabricantes europeos frente a la competencia desleal.
Solo en el caso de las bicicletas eléctricas intervenidas, los investigadores estiman un perjuicio fiscal de 37,5 millones de euros, de los cuales aproximadamente 25 millones corresponden a derechos de aduana impagados y otros 12,5 millones al IVA defraudado.
Competencia desleal en un mercado en pleno crecimiento
Más allá del impacto económico para las arcas comunitarias, la operación pone de relieve otro problema: la distorsión del mercado europeo de la movilidad eléctrica.
Durante años, miles de bicicletas eléctricas habrían llegado a Europa con costes artificialmente reducidos gracias al fraude fiscal. Esto permitió comercializarlas a precios inferiores a los de fabricantes e importadores que sí cumplían con la normativa europea, generando una competencia desigual en un sector que vive un fuerte crecimiento impulsado por la movilidad sostenible.
La industria europea de las bicicletas eléctricas lleva tiempo reclamando mayores controles sobre determinadas importaciones procedentes de Asia, especialmente tras la imposición de medidas antidumping contra algunos fabricantes chinos.
Funcionarios de aduanas implicados
La investigación también ha revelado la presunta participación de funcionarios públicos. La Fiscalía Europea ha imputado a seis personas, entre ellas dos funcionarios de aduanas griegos y cuatro intermediarios vinculados a las operaciones de importación.
Según los investigadores, la organización estaba controlada por ciudadanos chinos que gestionaban toda la cadena logística y financiera, desde la llegada de la mercancía hasta el posterior blanqueo y transferencia de beneficios fuera de Europa.
Dos de los acusados ya han sido detenidos, mientras que la investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la red y posibles ramificaciones en otros países europeos.
Un mensaje de tolerancia cero
La fiscal jefe europea, Laura Codruța Kövesi, ha destacó que la operación marca un antes y un después en la lucha contra el fraude aduanero dentro de la Unión Europea.
Las autoridades consideran que el caso servirá como advertencia para futuras prácticas similares y reforzará los mecanismos de control en puertos estratégicos como El Pireo, uno de los principales puntos de entrada de mercancías asiáticas al continente.
En un momento en el que Europa busca impulsar su industria de movilidad eléctrica y reducir su dependencia exterior, garantizar una competencia justa se ha convertido en una prioridad estratégica para las instituciones comunitarias.