La regulación del tráfico urbano se ha convertido en uno de los primeros obstáculos para aplicar los cambios introducidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) en el Reglamento General de Circulación, ya que varios ayuntamientos han comprobado que modificar determinados cruces puede terminar afectando a buena parte de la movilidad de sus ciudades. La necesidad de coordinar cientos de señales y evitar que se produzcan retenciones está complicando una reforma que entró en vigor el pasado 1 de octubre.
El problema es especialmente relevante en España, donde existe una extensa red de semáforos cuyo funcionamiento depende de una programación conjunta para distribuir el paso de vehículos y peatones. Algunas administraciones municipales han advertido de que no pueden introducir las modificaciones de manera inmediata sin realizar antes diferentes estudios técnicos, una circunstancia que ha obligado a plantear adaptaciones progresivas e incluso excepciones en aquellos puntos donde no resulte viable aplicar la nueva regulación.
La DGT quiere eliminar una combinación de semáforos que puede provocar atropellos
El origen de esta situación se encuentra en el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, que modifica el Reglamento General de Circulación para reforzar la protección de los usuarios vulnerables y establece que, con carácter general, no podrán coincidir una luz verde fija para peatones y otra ámbar intermitente para vehículos. Esta configuración permite que los coches continúen circulando mientras los peatones atraviesan la calzada, aunque los conductores están obligados a extremar las precauciones y cederles el paso, por lo que la nueva norma también exige que el ámbar vaya precedido de una fase roja.
Sin embargo, el principal inconveniente está en la sincronización de los cruces, puesto que modificar los tiempos de paso en una intersección también puede alterar la circulación de las calles conectadas y generar congestiones en zonas donde anteriormente no existían problemas. Santa Cruz de Tenerife es uno de los municipios que ha trasladado estas dificultades y ha solicitado un plazo adicional para reorganizar sus instalaciones, mientras que otras ciudades como Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, León, Sevilla o Salamanca también se enfrentan a la necesidad de revisar sus sistemas de regulación.
Las diferencias entre municipios también reflejan la complejidad de estos trabajos, ya que algunas ciudades han conseguido avanzar en la adaptación de sus semáforos mientras otras todavía necesitan completar las pruebas previas. En Burgos, por ejemplo, el Ayuntamiento ya había adecuado 372 de sus 420 pasos de peatones semaforizados a comienzos de octubre, aproximadamente el 89 % del total, mientras que los 48 restantes seguían pendientes de intervención para ajustar tanto las fases de iluminación como los tiempos de circulación.
La nueva normativa permite excepciones cuando existan dificultades técnicas
Ante este escenario, la regulación aprobada por el Gobierno introduce un elemento importante para los ayuntamientos, ya que la restricción sobre la coincidencia de luces se formula expresamente como una norma general y no como una prohibición sin excepciones. Esto permite valorar situaciones particulares en las que las características del cruce dificulten la aplicación del nuevo sistema, aunque cualquier decisión de mantener la configuración anterior deberá estar respaldada por razones técnicas que justifiquen su necesidad.
Por tanto, la medida continúa vigente desde el 1 de octubre de 2026, pero su implantación completa todavía presenta dificultades en diferentes municipios españoles, que deben compatibilizar la seguridad de los peatones con el funcionamiento de unas redes de circulación interconectadas. La reforma pretende reducir los riesgos derivados de la coincidencia entre vehículos y personas en los pasos regulados por semáforos, aunque su aplicación dependerá de las intervenciones necesarias en cada ciudad y de la posibilidad de introducir los cambios sin perjudicar gravemente al tráfico urbano.