Instalar una barrera metálica en una plaza de garaje privada para impedir que otros conductores estacionen en ella es una medida que, en determinadas circunstancias, puede llevarse a cabo sin necesidad de obtener la aprobación de la junta de propietarios, ya que la legislación española permite realizar modificaciones en los espacios privativos siempre que se cumplan determinados requisitos y no se perjudique al resto de vecinos.
La posibilidad de colocar estos dispositivos está respaldada por la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, aunque su instalación no queda completamente a criterio del titular de la plaza, puesto que deben tenerse en cuenta las características del aparcamiento, los estatutos de la comunidad y las posibles consecuencias de fijar una estructura al pavimento.
La Ley de Propiedad Horizontal establece cuándo se puede instalar un cepo en el garaje
El artículo 7.1 de esta normativa reconoce el derecho de los propietarios a introducir cambios en sus elementos privativos, siempre que no comprometan la estabilidad o seguridad del inmueble, modifiquen su configuración exterior o vulneren los derechos de terceros, una disposición que permite colocar determinados sistemas de protección en las plazas de aparcamiento sin solicitar necesariamente una autorización comunitaria, aunque exige comunicar previamente las obras al representante de la comunidad.
Esta interpretación también encuentra respaldo en los tribunales, como demuestra la sentencia 133/2019, de 25 de marzo, de la Audiencia Provincial de Valencia, que consideró admisible instalar cepos para garantizar el uso exclusivo de una plaza cuando no se invaden las zonas de circulación, no se perjudica a otros propietarios ni existe una prohibición estatutaria, por lo que la existencia de elementos comunes en el garaje no implica automáticamente que cualquier instalación de este tipo deba ser autorizada por los vecinos.
Los administradores de fincas aclaran qué condiciones deben cumplirse
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid también se ha pronunciado sobre esta cuestión en declaraciones recogidas por Xataka, señalando que los propietarios pueden instalar estos bloqueadores si no existen impedimentos técnicos, de manera que el dispositivo debe permanecer dentro de los límites de la plaza y su colocación no puede dificultar las maniobras de otros vehículos ni ocasionar daños en las instalaciones del edificio.
Además, el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal establece la obligación de conservar adecuadamente los elementos privativos y respetar los comunes, lo que adquiere especial importancia cuando el bloqueador requiere perforaciones o anclajes sobre el suelo del aparcamiento, ya que una intervención que afecte a la estructura, la impermeabilización o las instalaciones generales podría generar responsabilidades para el propietario y hacer necesaria una evaluación técnica previa.
En cuanto a su funcionamiento, estos sistemas suelen incorporar una estructura abatible que permanece levantada y bloqueada mediante una cerradura cuando la plaza está vacía, mientras que su propietario puede plegarla para estacionar el vehículo, una solución que evita físicamente el acceso de terceros y que también puede retirarse si se transmite la propiedad.
Qué ocurre cuando otro vehículo ocupa una plaza de aparcamiento privada
La instalación de estos dispositivos puede resultar especialmente útil cuando se producen ocupaciones reiteradas, aunque antes de recurrir a una barrera física conviene intentar identificar al conductor y solicitar que retire el vehículo, dejando constancia de los hechos si el problema continúa para valorar las posibles acciones legales, dado que la utilización de una plaza ajena no autoriza al propietario a retirar el automóvil por sus propios medios ni a ocasionarle daños.
Por tanto, la legislación permite proteger una plaza de garaje privativa mediante un cepo abatible bajo determinadas condiciones, pero resulta necesario comprobar previamente los estatutos comunitarios, la normativa municipal aplicable y las características de la instalación, además de informar a la comunidad cuando corresponda, puesto que la posibilidad de impedir que otros conductores estacionen en un espacio privado no elimina las obligaciones del propietario respecto a los elementos comunes y los derechos de sus vecinos.