Un tribunal alemán acaba de entrar en uno de los problemas más difíciles de entender de la recarga pública: por qué el mismo cargador puede ofrecer precios muy diferentes dependiendo de la aplicación o tarjeta utilizada. El Tribunal Regional de Múnich I ha considerado contrario a las reglas europeas de no discriminación que EWE Go cobrara a Digital Charging Solutions 0,837 euros/kWh por utilizar su red cuando sus propios clientes pagaban 0,52 euros/kWh. La sentencia, dictada el 6 de octubre, todavía no es firme, pero podría tener consecuencias para el roaming de recarga en toda Europa.
Para un conductor español, la cuestión resulta especialmente interesante porque ayuda a explicar una situación habitual: llegar a un cargador y descubrir que el precio por kWh cambia dependiendo de cómo se active.
Detrás hay dos negocios diferentes. Por un lado está el operador propietario o gestor del cargador, conocido como CPO. Por otro, proveedores de movilidad como Digital Charging Solutions, que permiten utilizar redes de distintos operadores desde una sola tarjeta o aplicación.
La misma electricidad tenía tres precios diferentes
El litigio enfrenta a EWE Go y Digital Charging Solutions (DCS), compañía que proporciona servicios de recarga utilizados también por fabricantes como BMW y Mercedes-Benz.
En el caso analizado existían tres cifras especialmente llamativas. EWE Go reclamaba al proveedor de roaming un precio mayorista de 0,837 euros/kWh. Un conductor que llegase al mismo cargador y pagase directamente sin contrato abonaba 0,79 euros/kWh, mientras que un cliente registrado de EWE Go podía cargar por 0,52 euros/kWh.
La diferencia entre esta última tarifa y la cobrada a DCS era de 0,317 euros/kWh, alrededor de un 60%. El tribunal considera que EWE Go no justificó de forma suficiente esa diferencia y ha ordenado que el proveedor pueda acceder a la tarifa de 0,52 euros/kWh.
Europa ya exige precios no discriminatorios
La clave está en el reglamento europeo AFIR.
Su artículo 5 establece que los operadores de puntos públicos no pueden discriminar mediante sus precios entre usuarios finales y proveedores de servicios de movilidad, ni entre distintos proveedores. Las diferencias siguen siendo posibles, pero deben ser proporcionadas y objetivamente justificadas.
EWE Go argumentó cuestiones como mayores costes administrativos, atención al cliente, riesgos comerciales o ventajas asociadas a fidelizar directamente a sus usuarios. Según la información disponible sobre la sentencia, el tribunal no consideró suficientes esos motivos para justificar la diferencia examinada.
Esto no significa que todas las aplicaciones tengan que cobrar lo mismo
Aquí aparece un matiz importante. La sentencia afecta al precio que el operador del cargador cobra al proveedor de roaming, no obliga necesariamente a que todas las aplicaciones vendan después la electricidad al mismo precio al conductor.
Un proveedor puede añadir sus propios costes o tarifas por el servicio, siempre que sean razonables, transparentes y no discriminatorios.
Por eso incluso una resolución definitiva favorable a DCS no eliminaría automáticamente las diferencias entre aplicaciones.
¿Podría afectar también a España?
Potencialmente sí, porque AFIR es un reglamento europeo y la interpretación de sus normas de no discriminación no se limita conceptualmente al mercado alemán.
Sin embargo, la sentencia no es firme y tampoco establece automáticamente un precedente vinculante para todos los tribunales europeos.
Su importancia está en otra parte. Es una de las primeras interpretaciones judiciales claras sobre hasta dónde puede llegar un operador cuando fija el precio mayorista que cobra a los servicios de roaming.
Si esa lectura termina consolidándose, podría reducir uno de los costes que actualmente llegan al conductor cuando utiliza una aplicación distinta de la del propietario del cargador.
Y eso convertiría una cuestión hasta ahora casi invisible para el usuario en algo muy concreto: que cargar en la misma estación deje de costar mucho más simplemente por haber elegido otra aplicación.