Recargar un coche eléctrico en un punto de carga público no siempre cuesta lo mismo. El precio puede cambiar dependiendo de si utilizamos la aplicación del operador, pagamos directamente en el cargador o recurrimos a una tarjeta de otra compañía. En algunos casos, las diferencias son considerables, aunque estemos utilizando exactamente la misma estación.
Una sentencia dictada en Alemania acaba de poner el foco en una de las prácticas que pueden explicar estas diferencias. El Tribunal Regional de Múnich I ha dado la razón a Digital Charging Solutions (DCS), una empresa de servicios de recarga vinculada a BMW y Mercedes-Benz, en su demanda contra el operador alemán EWE Go.
El tribunal considera que EWE Go no puede aplicar a las empresas intermediarias tarifas superiores a las que ofrece a sus propios clientes sin una justificación objetiva. En este caso, ha prohibido continuar aplicando a DCS los precios superiores cuestionados en el procedimiento. La sentencia todavía no es firme, pero podría tener consecuencias para el sector de la recarga en toda Europa, incluida España.
Hasta un 60% más por utilizar el mismo punto de recarga
El caso permite entender cómo funcionan algunas de las diferencias de precio que encontramos al recargar un coche eléctrico fuera de casa.
Según los datos recogidos en el procedimiento, con tarifas de referencia del 1 de enero de 2025, EWE Go cobraba 0,52 euros por kWh a los clientes que utilizaban su propia aplicación. En cambio, quienes realizaban una recarga puntual pagaban 0,79 euros por kWh.
La diferencia era todavía mayor para las empresas que ofrecen servicios de recarga a través de sus propias aplicaciones o tarjetas. A Digital Charging Solutions, EWE Go le aplicaba un precio mayorista de 0,837 euros por kWh, aproximadamente un 60% superior al que cobraba a sus clientes directos.
Esto significa que DCS tenía que pagar más por la electricidad antes de añadir sus propios costes de gestión y servicio. Una situación que dificultaba competir con las tarifas ofrecidas directamente por el operador del cargador.
Para hacerse una idea de la diferencia, una recarga de 50 kWh costaría 26 euros con la tarifa de 0,52 euros por kWh. Sin embargo, esos mismos 50 kWh supondrían un coste de 41,85 euros para DCS con el precio mayorista de 0,837 euros por kWh.
Conviene aclarar que los 41,85 euros no eran necesariamente el precio final que pagaba el conductor, sino el coste de la electricidad para la empresa intermediaria, antes de aplicar sus propias condiciones comerciales.
El procedimiento también examinó un cargo adicional por ocupación del punto de recarga de 0,10 euros por minuto, sin impuestos, que EWE Go aplicaba a las empresas intermediarias, pero no a sus clientes directos. El tribunal también cuestionó esta diferencia de trato.
Una normativa europea que también se aplica en España
La sentencia se basa en el Reglamento europeo sobre la infraestructura para los combustibles alternativos, conocido como AFIR, que regula, entre otras cuestiones, las condiciones de acceso y los precios de la recarga pública.
Esta normativa establece que los operadores de puntos de recarga no pueden aplicar diferencias de precio injustificadas entre sus clientes y las empresas que ofrecen servicios de recarga de terceros.
Esto no significa que todas las aplicaciones deban ofrecer exactamente la misma tarifa. Pueden existir diferencias, pero deben estar justificadas y ser proporcionadas.
Durante el procedimiento, EWE Go defendió sus precios alegando mayores costes administrativos, gastos de atención al cliente y otros factores relacionados con la prestación del servicio. Sin embargo, el tribunal consideró que esos argumentos no justificaban las diferencias de precio examinadas.
Lo importante es que AFIR es una normativa de aplicación en toda la Unión Europea. Por tanto, aunque el caso se haya juzgado en Alemania, la interpretación del tribunal puede resultar relevante para otros mercados europeos, incluido el español.
¿Puede cambiar lo que pagamos por recargar un coche eléctrico?
Actualmente, muchos conductores utilizan aplicaciones o tarjetas que permiten acceder a puntos de recarga de diferentes operadores. Son servicios que facilitan los desplazamientos, especialmente cuando viajamos y necesitamos cargar el vehículo en redes distintas.
Para ofrecer esa posibilidad, las empresas proveedoras de servicios de recarga mantienen acuerdos con los operadores que gestionan las estaciones. Es lo que habitualmente se conoce como roaming de recarga.
El problema aparece cuando el precio que paga la empresa intermediaria es muy superior al que el operador ofrece directamente a sus propios clientes. Esa diferencia puede acabar repercutiendo en el importe que paga el conductor.
Si los operadores tuvieran que revisar determinadas tarifas mayoristas, las aplicaciones de recarga podrían disponer de más margen para ofrecer precios competitivos. Sin embargo, la sentencia no obliga a que todas las tarifas sean iguales ni garantiza una bajada inmediata de precios.
Además, se trata de una resolución que todavía puede recurrirse. Por tanto, habrá que esperar para conocer su alcance definitivo y comprobar si da lugar a nuevas reclamaciones en otros países.
El tribunal también ha declarado la responsabilidad de EWE Go por los daños ocasionados a DCS desde el 13 de abril de 2024, aunque la cuantía de una eventual indemnización todavía no se ha determinado y la sentencia no es firme.
Más allá del conflicto entre ambas compañías, la sentencia pone sobre la mesa una cuestión que afecta directamente a los usuarios: por qué una misma recarga puede tener precios tan distintos dependiendo de la aplicación o tarjeta utilizada.
La resolución alemana no acaba con estas diferencias, pero sí cuestiona una de las prácticas comerciales que pueden contribuir a encarecer la recarga pública de los coches eléctricos.