La próxima legislatura será determinante para definir el futuro de la movilidad eléctrica en España. Con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, tres de las principales organizaciones del sector han trasladado a los partidos políticos una batería de medidas con las que buscan asegurar la continuidad de las inversiones, mejorar la infraestructura de recarga y establecer un sistema de incentivos estable hasta 2030.
La iniciativa está impulsada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE). En su documento conjunto, presentado el 16 de noviembre, las entidades recogen doce compromisos dirigidos al futuro Ejecutivo, en un momento marcado por el crecimiento de las matriculaciones y las dificultades para garantizar la continuidad de las subvenciones públicas.

El agotamiento del Plan Auto+ amenaza con dejar 2027 sin ayudas garantizadas
Las cifras del mercado reflejan el avance de la electrificación. Según ANFAC, entre enero y octubre se matricularon 248.343 turismos eléctricos e híbridos enchufables, un 37,6 % más que durante el mismo periodo del año anterior. Solo en octubre se comercializaron 31.044 unidades, equivalentes al 31,5 % del mercado, aunque la penetración de estas tecnologías continúa por debajo de la media europea.
Sin embargo, este crecimiento coincide con el posible agotamiento anticipado del presupuesto del Programa Auto+. De los 400 millones de euros asignados para 2026, ya se habían solicitado ayudas por 369,39 millones a fecha del 11 de noviembre. La línea destinada a particulares concentraba 103.038 expedientes por valor de 326,27 millones, el 93,2 % de sus fondos, mientras que las cantidades solicitadas por autónomos y empresas representaban el 86,2 % de su partida.
Las previsiones apuntan a que el dinero disponible para particulares podría agotarse el 20 de noviembre, diez días antes de las elecciones y más de un mes antes del cierre oficial de solicitudes. Según fuentes de la industria consultadas por Europa Press, los fondos para empresas podrían terminarse el día 24, mientras que los autónomos ya habían comenzado a entrar en lista de espera. El Ministerio de Industria advierte de que presentar una solicitud una vez consumido el presupuesto no garantiza recibir la subvención.
Ante esta situación, las asociaciones proponen sustituir los largos procedimientos de reembolso por descuentos aplicados directamente en el concesionario, siempre que exista cobertura jurídica para hacerlo. También solicitan mantener las deducciones fiscales, modificar el tratamiento tributario de los vehículos de empresa y establecer incentivos plurianuales que permitan planificar las compras sin depender de convocatorias puntuales. La deducción del 15 % en el IRPF por la adquisición de vehículos electrificados también tiene previsto finalizar el 31 de diciembre.
Aunque el Real Decreto 609/2026 establece la vigencia del Auto+ hasta finales de 2030, la financiación no queda automáticamente asegurada para los próximos ejercicios. Cada convocatoria necesita una dotación presupuestaria específica, por lo que la continuidad efectiva de las ayudas en 2027 dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno.
Los cargadores fuera de servicio y los retrasos administrativos, entre las prioridades
La infraestructura constituye otro de los principales problemas que las organizaciones quieren trasladar al próximo Ejecutivo. El último Barómetro de Electromovilidad de ANFAC contabilizó 58.075 puntos públicos operativos al cierre de septiembre, pero también identificó otros 17.965 instalados que todavía no podían utilizarse. Esto significa que el 23,6 % de la infraestructura existente permanecía inactiva por averías, deficiencias o falta de conexión eléctrica.

A esta situación se añade la desaceleración del despliegue. Durante los nueve primeros meses de 2026 se incorporaron 5.003 cargadores, frente a los 13.382 registrados en el mismo periodo del año anterior. Para corregir estas dificultades, AEDIVE, AORU y AUVE reclaman plazos obligatorios para las distribuidoras, información pública sobre la capacidad disponible de la red y procedimientos administrativos más rápidos, incluyendo una ventanilla única digital y conexiones provisionales.
El documento también establece objetivos concretos para mejorar el servicio. Entre ellos figura garantizar una disponibilidad mínima anual del 98 % en los puntos de recarga, excluyendo incidencias ajenas a los operadores, y conseguir que ningún municipio de más de 5.000 habitantes se encuentre a más de media hora de un cargador rápido. Las propuestas incluyen reforzar la recarga doméstica y urbana, desarrollar estaciones de alta potencia para el transporte pesado y exigir mayor transparencia en los precios.
Las organizaciones consideran igualmente necesario supervisar el cumplimiento de la normativa europea AFIR y crear una mesa interministerial permanente que evalúe los avances mediante informes trimestrales. Además, solicitan que el nuevo Gobierno apruebe durante sus primeros cien días un plan nacional para vigilar las obligaciones legales ya existentes y corregir los retrasos que afectan a las instalaciones de recarga.
Por ahora, estas medidas constituyen una propuesta sectorial y no compromisos aprobados por ninguna formación política. Su aplicación dependerá del resultado electoral y de las prioridades del próximo Ejecutivo, mientras España afronta el cierre de 2026 con un mercado de vehículos electrificados en crecimiento, pero sin garantías presupuestarias para mantener el actual sistema de ayudas durante el próximo año.