La presidenta de Red Eléctrica sobre los centros de datos: “6 gigavatios concedidos, cero kilovatios conectados”

Beatriz Corredor cuestiona la expansión de los centros de datos y exige renovables, baterías y flexibilidad para evitar tensiones en la red eléctrica.

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Corredor subraya que contar con un permiso de acceso no es lo mismo que poner el centro en servicio. Gemini
17/11/2026 07:00
Actualizado a 17/11/2026 07:00
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El auge de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial ha abierto un nuevo frente en el debate energético español. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, el grupo al que pertenece Red Eléctrica, ha advertido de que el sistema no puede asumir una expansión masiva de estas instalaciones sin exigirles garantías de suministro renovable, almacenamiento y capacidad para adaptarse a las necesidades de la red.

La advertencia la lanzó durante la sesión “Energy Transition and AI: Friends or Foes?”, celebrada el 10 de noviembre en el Pabellón de España de la COP31. Corredor puso el foco en el volumen de potencia que se está planteando para estos proyectos y en la diferencia entre disponer de un permiso de acceso y poner realmente una instalación en servicio.

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Un centro de datos, con filas de servidores refrigerados que funcionan sin pausa, concentra un consumo eléctrico constante.

Aragón aspira a atraer 30.000 MW en centros de datos

Uno de los datos más llamativos que expuso fue la aspiración de Aragón de atraer centros de datos con una potencia conjunta cercana a los 30.000 megavatios (30 GW). No se trata de potencia ya instalada ni de consumo conectado, sino del volumen de implantación al que aludió Corredor para ilustrar la dimensión de las expectativas.

Para ponerlo en contexto, el máximo instantáneo de demanda peninsular registrado en 2025 fue de 40.070 MW. Es decir, esos 30 GW equivaldrían aproximadamente a tres cuartas partes de ese pico de consumo.

La presidenta de Redeia resumió su preocupación con otra cifra: “Seis gigavatios concedidos, cero kilovatios conectados”. Los datos publicados por Red Eléctrica permiten precisar el alcance de la afirmación. A 1 de octubre de 2026, los centros de procesamiento de datos acumulaban 6.329 MW de capacidad de acceso concedida en la red de transporte, el 34,2 % del total asignado a los distintos tipos de consumo. Ninguno de esos megavatios figuraba todavía como puesto en servicio.

Para Corredor, este desfase demuestra que el debate no puede limitarse a reclamar más líneas o subestaciones. Un permiso de acceso reserva capacidad, pero no equivale a que el centro esté construido, conectado y preparado para consumir electricidad. La planificación debe acompasarse con proyectos viables y con la capacidad real del sistema para atenderlos.

El reto de alimentar instalaciones que funcionan las 24 horas

El problema técnico está en el perfil de consumo. Un centro de datos necesita un suministro continuo y de alta calidad para mantener servidores, sistemas de refrigeración y servicios digitales. Su actividad no admite interrupciones del suministro sin sistemas de respaldo, lo que hace más difícil adaptar su demanda a los momentos en los que cae la producción eólica o solar.

Corredor no cuestiona que España necesite nueva demanda eléctrica para aprovechar mejor su generación renovable. Sí reclama que los nuevos consumidores aporten flexibilidad. Para ello defendió que los centros de datos incorporen baterías y equipos de electrónica de potencia capaces de ayudar a gestionar las variaciones de tensión, potencia y frecuencia.

Sin generación renovable asociada y almacenamiento, advirtió, el coste de atender esa demanda podría trasladarse al conjunto del sistema y acabar repercutiendo en el precio de la electricidad.

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Los servidores y los sistemas de refrigeración exigen suministro de alta calidad las 24 horas, sin margen para interrupciones.

El Gobierno prepara requisitos específicos

La discusión coincide con la tramitación de un real decreto para regular la sostenibilidad energética, medioambiental y la resiliencia de los centros de datos. El proyecto mantiene la obligación de acreditar que al menos el 80 % del consumo eléctrico se cubra con energía renovable. La versión más reciente introduce flexibilidad en los plazos y contempla el almacenamiento con baterías como parte de la solución.

El Consejo de Estado emitió su dictamen sobre la norma el pasado 6 de noviembre, pero el texto todavía debe ser ajustado y aprobado por el Consejo de Ministros. Por tanto, estos requisitos aún no constituyen obligaciones definitivas en vigor.

El impacto de estas instalaciones tampoco se mide solo en megavatios. Corredor pidió tener en cuenta el uso de suelo y agua, la aceptación de las comunidades locales y el empleo que realmente generan. Considera que un centro de 600 MW supone una carga muy elevada para el sistema y que su implantación debe aportar un retorno económico y social proporcionado.

También cuestionó que la llegada de grandes inversiones tecnológicas deba prevalecer automáticamente sobre proyectos industriales con mayor capacidad de crear empleo y actividad económica.

El mensaje de la presidenta de Redeia no es cerrar la puerta a los centros de datos, sino evitar que su crecimiento se produzca sin planificación. España puede convertir su generación renovable en una ventaja para atraer infraestructuras digitales, pero la expansión tendrá que demostrar que aporta nueva energía limpia, incorpora almacenamiento y no compromete la competitividad de la industria ni la factura de los consumidores.

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