La crisis económica de Eliance, la compañía responsable de operar y mantener los helicópteros de la Dirección General de Tráfico, ha obligado al organismo a modificar su estrategia de vigilancia aérea. Desde el pasado 6 de noviembre, las aeronaves permanecen inmovilizadas después de que la empresa comunicara que no podía asegurar la continuidad del servicio, una situación que ha llevado a Tráfico a recurrir con mayor intensidad a otros medios de control.
La solución provisional pasa por aumentar la presencia de drones en las carreteras españolas, según ha informado El Mundo este 13 de noviembre. Sin embargo, estos dispositivos presentan importantes limitaciones respecto a los helicópteros equipados con el sistema Pegasus, especialmente en autonomía, capacidad de desplazamiento y detección de infracciones, por lo que su utilización no permite sustituir todas las funciones de las aeronaves tripuladas.

Una crisis de 51 millones de euros que deja a los Pegasus sin poder despegar
El origen de esta situación se encuentra en los problemas financieros de Eliance, adjudicataria desde 2025 de un contrato de aproximadamente 51,1 millones de euros para gestionar el servicio aéreo de la DGT. El acuerdo contemplaba aumentar la actividad hasta unas 5.500 horas anuales de vuelo, aunque las dificultades económicas de la compañía han terminado provocando la suspensión de las operaciones y el traslado de prácticamente toda la flota a la base madrileña de Cuatro Vientos.
Las consecuencias también afectan al mantenimiento de las aeronaves. Según fuentes consultadas por El Mundo, la compañía tiene problemas para afrontar gastos operativos básicos, mientras que uno de los helicópteros destinados en Sabadell permanece retenido en un taller por facturas pendientes relacionadas con su revisión y los repuestos. A ello se suman las movilizaciones de los trabajadores y las advertencias sindicales sobre la continuidad del servicio.
Ante este escenario, Tráfico ha optado por reforzar las operaciones con aeronaves no tripuladas en aquellos puntos que determinen sus centros de gestión. La principal ventaja de esta alternativa es que los drones pueden funcionar con equipos de la propia Administración, formados por personal de la DGT, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o unidades mixtas, sin depender necesariamente de la empresa encargada de los helicópteros.
No obstante, las diferencias operativas son considerables. Según explica la propia DGT en su revista oficial, un helicóptero puede permanecer en el aire durante unas tres horas consecutivas, mientras que los drones disponen de aproximadamente 30 minutos por batería. Aunque las sustituciones permiten prolongar los operativos hasta unas dos horas, su radio de actuación es mucho más reducido y tampoco ofrecen la misma capacidad para recorrer grandes tramos de carretera.
Los drones pueden detectar infracciones, pero no todos tienen capacidad para multar
Otra de las incógnitas es el alcance sancionador de este despliegue. La DGT utiliza drones destinados a regular la circulación y otros específicamente preparados para labores de vigilancia. Los primeros permiten transmitir imágenes del tráfico, pero no cuentan con cámaras certificadas para tramitar denuncias, mientras que los segundos incorporan equipos que sí cumplen los requisitos necesarios para documentar determinadas infracciones, como utilizar el teléfono móvil durante la conducción o circular sin cinturón de seguridad.

La medición de velocidad presenta una limitación adicional. Los helicópteros Pegasus disponen de sistemas específicos para detectar excesos de velocidad desde el aire, pero la DGT todavía planteaba durante 2026 la incorporación de drones equipados con cinemómetros como una capacidad futura. Por tanto, no se ha confirmado que los aparatos movilizados para compensar la ausencia de los helicópteros puedan realizar este tipo de controles.
Tampoco existe una cifra pública actualizada y uniforme sobre la cantidad de drones disponibles. En 2021, Tráfico anunció la distribución de 39 unidades por España, excluyendo Cataluña y el País Vasco, pero las informaciones publicadas durante 2026 ofrecen cifras diferentes, desde una veintena de dispositivos hasta aproximadamente 70. A esta falta de concreción se añade que el organismo no ha detallado cuántos aparatos está utilizando actualmente ni qué proporción dispone de cámaras certificadas.
La interrupción del servicio aéreo no supone, en cualquier caso, la paralización de los controles de velocidad y seguridad vial. Los radares fijos, los sistemas de tramo y los dispositivos terrestres continúan funcionando con normalidad, mientras que los helicópteros y drones representan una parte reducida de la actividad sancionadora. Según los datos difundidos por EFE y recogidos en la información original, ambos medios permiten tramitar conjuntamente unas 25.000 infracciones al año, aproximadamente el 0,5 % del total.
Por ahora, la DGT no ha anunciado una fecha para recuperar los vuelos de sus helicópteros, y el futuro de estas operaciones continúa condicionado por la situación económica y concursal de Eliance. Mientras tanto, el refuerzo de los drones permitirá mantener parte de la vigilancia desde el aire, aunque sin alcanzar la cobertura territorial ni las capacidades de control que ofrecían las aeronaves equipadas con Pegasus.