La posibilidad de seguir comercializando coches de gasolina, diésel e híbridos después de 2035 ha provocado una nueva división entre los países de la Unión Europea. Alemania y Francia han alcanzado un acuerdo para reducir las exigencias medioambientales previstas para esa fecha, mientras que España mantiene una postura más restrictiva. Las diferencias afectan tanto al porcentaje de emisiones permitido como a las condiciones que deberán cumplir los fabricantes.
El calendario de Bruselas entra ahora en una fase decisiva, con varias propuestas sobre la mesa y una negociación que deberá resolverse entre los Gobiernos europeos y el Parlamento. Aunque algunas informaciones sitúan a España e Irlanda como los principales obstáculos al acuerdo franco-alemán, la situación es más compleja, especialmente porque Dublín ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
España mantiene su postura mientras Francia y Alemania acuerdan flexibilizar las normas
El Gobierno español sigue defendiendo los objetivos de descarbonización aprobados inicialmente por la Unión Europea. En junio de 2026, España firmó junto a Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia un documento conjunto que reclamaba limitar las excepciones a la normativa. Sin embargo, Francia modificó posteriormente su posición y pactó con Alemania una reducción del 90 % de las emisiones de CO2 para 2035, sin exigir compensaciones adicionales por el 10 % restante.
El entendimiento entre París y Berlín, anunciado en octubre, también contempla nuevas condiciones para favorecer la fabricación europea. Entre ellas figuran requisitos sobre el origen de los componentes de los vehículos y de sus baterías, con el objetivo de reforzar la producción comunitaria. Esta fórmula permitiría mantener una mayor presencia de motores de combustión en los concesionarios después de 2035, aunque los fabricantes tendrían que respetar los límites de emisiones establecidos para el conjunto de sus ventas.
La presidencia irlandesa, por su parte, ha elaborado una alternativa que conserva el recorte del 90 %, pero obliga a compensar las emisiones restantes mediante combustibles alternativos y créditos asociados al acero y aluminio bajos en carbono. Según la información publicada por Bloomberg, también incorpora medidas de flexibilidad para los objetivos de 2030. No obstante, este documento constituye una propuesta de negociación entre los Veintisiete y no demuestra que Irlanda mantenga una posición nacional idéntica a la española.
El Parlamento Europeo plantea otra solución y diciembre será decisivo
La Eurocámara también se ha pronunciado a favor de modificar la normativa, aunque con condiciones distintas. El pasado 4 de noviembre, su comisión de Medio Ambiente aprobó por 48 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones una propuesta para rebajar al 87,5 % el objetivo de reducción de emisiones en 2035. Los fabricantes podrían recurrir a créditos por utilizar acero europeo bajo en carbono, hasta un máximo de 7,5 puntos porcentuales, para alcanzar una reducción total del 95 %.
Esta iniciativa también contempla incentivos adicionales para determinados vehículos eléctricos fabricados en Europa y la posibilidad de reconocer como vehículos de cero emisiones a modelos que funcionen exclusivamente con combustibles renovables o de bajas emisiones que cumplan los requisitos establecidos. Por tanto, las propuestas de la Comisión, del Parlamento y de varios Estados miembros coinciden en permitir cierta continuidad de los motores térmicos, pero discrepan sobre las compensaciones y las obligaciones de los fabricantes.
En cualquier caso, la prohibición efectiva de vender turismos y furgonetas nuevos que emitan CO2 a partir de 2035 continúa vigente, puesto que la reforma todavía no ha sido aprobada. La regulación actual exige reducir las emisiones medias de los turismos nuevos un 55 % en 2030 y un 100 % en 2035 respecto a los niveles de referencia de 2021. La Comisión Europea propuso en diciembre de 2025 sustituir este último objetivo por un recorte del 90 %, con compensaciones obligatorias para el porcentaje restante.
Las próximas negociaciones están previstas para diciembre, con la intención de que los Gobiernos europeos avancen hacia una posición común y el Parlamento vote su mandato durante el pleno de ese mes. Posteriormente, ambas instituciones deberán acordar una redacción definitiva. Hasta entonces, no existe una decisión firme que garantice la continuidad de la venta de coches nuevos de combustión más allá de 2035, pese a que las principales propuestas actualmente en discusión contemplan flexibilizar las restricciones.