La decisión del Gobierno de volver a aplicar ayudas generalizadas a los carburantes ha provocado el rechazo de las grandes compañías eléctricas, que reclaman un cambio en las prioridades de la política energética española.
El sector considera que abaratar los combustibles fósiles mientras se mantienen barreras fiscales a la electricidad dificulta la transición hacia el coche eléctrico.
El coche eléctrico, en desventaja fiscal
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que representa a las principales compañías del sector, sostiene que estas medidas favorecen el consumo de petróleo precisamente cuando la volatilidad de los mercados energéticos vuelve a poner de manifiesto la dependencia de los combustibles fósiles.
La patronal eléctrica reclama al Ejecutivo medidas concretas para estimular la demanda de electricidad y acelerar la electrificación del transporte. Entre sus propuestas figura una posible reducción del IVA, que permitiría mejorar su competitividad frente a la gasolina y el diésel.
La presidenta de Aelec, Marina Serrano, sostiene que las actuales políticas de apoyo a los carburantes dificultan que los vehículos eléctricos puedan competir en condiciones coherentes con los modelos de combustión. La asociación prepara un documento con propuestas consensuadas por el sector para trasladarlas al Gobierno.
El debate afecta directamente al coste de utilización del automóvil. Aunque el coche eléctrico puede ofrecer un menor gasto energético por kilómetro, la comparación depende del precio de la electricidad, de las condiciones de recarga y de los impuestos aplicados a cada fuente de energía. Las ayudas temporales a los carburantes pueden reducir la diferencia de costes durante su vigencia.
Las eléctricas rechazan recuperar la excepción ibérica
Otro de los puntos de fricción es la posibilidad de recuperar la excepción ibérica, el mecanismo que se puso en marcha en 2022 para limitar el impacto del precio del gas sobre el mercado mayorista de electricidad en España y Portugal.
Las compañías eléctricas consideran que las circunstancias actuales son diferentes. En 2022, el gas determinaba el precio de la electricidad durante aproximadamente el 75 % de las horas, mientras que ahora lo hace en torno al 15 %, según los datos manejados por Aelec.
También ha cambiado la estructura de contratación de los consumidores. La patronal calcula que el 75 % de los clientes se encuentra actualmente en el mercado libre, lo que reduce el número de hogares directamente expuestos a las variaciones del mercado mayorista respecto a la situación de 2022.
En lugar de intervenir de nuevo en el mercado eléctrico, Aelec propone aplicar ayudas específicas a los consumidores vulnerables y a las industrias con un elevado consumo energético, siguiendo los mecanismos de regulación europeos.
La red eléctrica y el almacenamiento, otros obstáculos
La fiscalidad no es la única barrera que identifica el sector. Las grandes compañías también reclaman acelerar las inversiones en redes eléctricas, simplificar la obtención de permisos y desarrollar sistemas de almacenamiento que permitan aprovechar mejor la generación renovable.
Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, defendió la necesidad de reducir los costes adicionales de la factura eléctrica y convertir la electrificación en una realidad industrial. Por su parte, Gianni Armani, consejero delegado de Endesa, destacó la competitividad del sistema eléctrico español y la oportunidad de aprovechar el crecimiento de las renovables.
La expansión de la movilidad eléctrica depende, además, de que la infraestructura de distribución pueda atender el aumento de la demanda. La recarga de vehículos, la electrificación industrial y la climatización incrementan las necesidades de capacidad y flexibilidad del sistema.