La Unión Europea acaba de recibir una propuesta alternativa para acelerar el despliegue de la infraestructura de recarga de camiones eléctricos sin depender exclusivamente de la construcción de nuevas estaciones públicas: la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU) y la organización Transport & Environment (T&E) han pedido a la Comisión Europea que introduzca una categoría específica para los puntos de recarga semiprivados.
Esta fórmula permitiría a empresas de transporte, operadores logísticos y centros de distribución compartir voluntariamente parte de sus instalaciones con otros transportistas. Además, la propuesta llega justo antes de la próxima revisión del Reglamento sobre la Infraestructura para los Combustibles Alternativos (AFIR), que establece los requisitos para desarrollar la red de recarga europea.
Estaciones de recarga semiprivadas para camiones eléctricos
La iniciativa surge del hecho de que una parte importante de la recarga de los camiones eléctricos tendrá lugar en las propias bases de las empresas, donde los vehículos permanecen estacionados durante los periodos de descanso, carga y descarga. Esto permite integrar el suministro energético en la actividad diaria, optimizando los costes de explotación y reduciendo la dependencia de la infraestructura pública, pero el problema es que no todos los transportistas disponen del espacio, la potencia eléctrica, la capacidad de inversión o el volumen de actividad necesarios para instalar suficientes cargadores en sus instalaciones.
Esto hace que para las pequeñas y medianas empresas estas limitaciones puedan convertirse en un obstáculo importante para electrificar sus flotas. Es precisamente para ellos para los que la propuesta de IRU y T&E tiene más sentido, ya que busca aprovechar la capacidad de recarga que ya existe en depósitos, almacenes, centros logísticos, terminales y zonas de carga y descarga, también por actores externos que paguen por ello.
De esta manera, una gran empresa podría permitir que sus subcontratistas o transportistas colaboradores utilizaran determinados cargadores cuando estuvieran disponibles, sin necesidad de desarrollar una infraestructura propia en cada ubicación. Así las instalaciones que ya existen contribuirían a ampliar la capacidad efectiva de recarga y facilitarían el acceso a la electrificación a compañías con menos recursos.
Raluca Marian, directora de incidencia política ante la UE de la IRU, ha señalado: “Una transición exitosa hacia camiones de cero emisiones requiere un ecosistema de carga completo. La carga semiprivada ofrece la oportunidad de maximizar el uso de la infraestructura existente y futura, al tiempo que amplía el acceso a los pequeños operadores que no cuentan con instalaciones de carga propias, así como a las empresas que necesitan realizar la carga en los lugares donde desarrollan su actividad”.
Un marco legislativo que propicie la transición
Una de las claves está en que estos puntos no tendrían que someterse automáticamente a las mismas condiciones que una estación pública de recarga, las empresas que compartan voluntariamente sus cargadores no deberían convertirse por defecto en operadores de puntos de recarga ni en suministradores de electricidad. Como su actividad principal seguiría siendo el transporte o la logística, conservarían el control sobre el acceso a sus instalaciones y seguirían dando prioridad a sus propias operaciones.
Pero, para hacerlo posible, ambas organizaciones reclaman que la revisión del AFIR establezca criterios mínimos para esta nueva categoría y condiciones administrativas proporcionadas. Piden eliminar trabas relacionadas con los permisos y las conexiones a la red eléctrica, integrar la recarga privada y semiprivada en los planes nacionales de infraestructuras y energía y facilitar el acceso a ayudas públicas. En paralelo, consideran necesario adaptar las normas europeas sobre ayudas estatales, especialmente el Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), para evitar cargas burocráticas desproporcionadas o que compartir cargadores perjudique las subvenciones concedidas.
Stef Cornelis, director de Flotas y Transporte de Mercancías de T&E, ha declarado: “Acelerar el despliegue de estaciones de carga compartidas en Europa aporta múltiples beneficios. Las empresas de transporte pueden cargar sus vehículos a precios más bajos sin necesidad de realizar grandes inversiones iniciales. De este modo, aprovechamos la capacidad de la red eléctrica de forma más eficiente y las empresas pueden recuperar más rápidamente sus inversiones en infraestructuras. Ahora necesitamos un marco europeo con normas mínimas que permita eliminar barreras, canalizar la financiación y acelerar el despliegue”.