Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, defendió este miércoles en la Comisión de Interior del Congreso la implantación de la baliza V16 conectada y cargó contra lo que calificó como “bulos y noticias engañosas” en torno al dispositivo, ya obligatorio desde el 1 de enero de 2026 como sistema de preseñalización en carretera.
El ministro sostuvo que la V16 es un dispositivo “de uso sencillo” que minimiza riesgos al evitar que el conductor tenga que abandonar el vehículo para señalizar una avería o un siniestro. Como muestra del despliegue, señaló que hasta el 15 de febrero se habían registrado más de 100.000 activaciones publicadas en el Punto de Acceso Nacional de información de tráfico, unas 2.300 al día, según explicó en sede parlamentaria.
Marlaska defiende la implementación de la V16
Para justificar el cambio, Marlaska lo vinculó al balance de siniestralidad vial de 2025. Según su exposición, 103 peatones murieron en carretera ese año, cerca del 10% del total de fallecidos en accidentes, “entre otras razones” por salir del turismo, en algunos casos para colocar los triángulos de emergencia.
El titular de Interior aportó otro dato de la DGT para contextualizar el riesgo de bajar del coche en vías interurbanas. Entre 2018 y 2024, dijo, murieron 159 personas atropelladas tras bajarse del vehículo, una media de 24 al año.
En su intervención, Marlaska defendió que existen estudios técnicos y ensayos de laboratorios acreditados que avalan el dispositivo, y recalcó que fabricantes y productos se someten a mecanismos de evaluación y revisión periódica.
El ministro también comparó la regulación española con la de otros países. Afirmó que en Reino Unido la colocación de triángulos en autopistas y autovías está prohibida y que en Francia su uso es discrecional desde 2008, mientras otros Estados estudian soluciones similares.
Sobre las ventajas de la V16, Marlaska subrayó que facilita una señalización más rápida y con menor exposición al tráfico, y que aporta “visibilidad virtual” al enviar la ubicación a la plataforma DGT 3.0, además de mejorar la visibilidad física del vehículo inmovilizado.
El ministro cerró su defensa con un mensaje político ante las críticas por la obligación y las sanciones. “El objetivo no es ni sancionador ni recaudatorio”, aseguró, y añadió que lo que guía la medida es “salvar vidas”. Además, incidió en que “los cambios siempre generan incomodidades”.
El lío jurídico con Europa
La polémica se ha ampliado en las últimas semanas por un frente comunitario. La Comisión Europea ha confirmado que España no notificó a Bruselas los reales decretos que regulan la obligatoriedad de la V16 conectada conforme al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535, que establece un sistema de información previa para proyectos de reglamentación técnica que puedan afectar al mercado interior.
La respuesta comunitaria abre un escenario de incertidumbre. Bruselas recuerda que la falta de notificación puede derivar en un procedimiento de infracción y que, según la jurisprudencia del TJUE citada en la información conocida, los tribunales nacionales pueden abstenerse de aplicar reglamentos técnicos no notificados, lo que podría alimentar litigios sobre sanciones o sobre la propia exigencia técnica del dispositivo.