Los patinetes eléctricos se han convertido en uno de los mayores retos de movilidad urbana en Toronto. La respuesta de la ciudad ha sido contundente: prohibir su uso en la vía pública y reforzar las sanciones para quienes incumplan la normativa, especialmente en los casos más graves.
Aunque el debate sobre su posible legalización sigue abierto a través de proyectos piloto, la realidad es que estos vehículos están vetados desde 2021. Sin embargo, su presencia en las calles no ha dejado de crecer en los últimos años. La demanda en las tiendas continúa al alza, a pesar de que los vendedores recuerdan a los clientes que no pueden utilizarlos legalmente en la vía pública.

Multas muy disuasorias
El marco normativo en Canadá otorga a cada municipio la potestad de permitir o restringir los patinetes eléctricos. Mientras algunas ciudades sí los han autorizado, Toronto mantiene su negativa. Aun así, el uso real dista de la prohibición formal, lo que ha puesto el foco en la capacidad de control y aplicación de la ley.
Las sanciones por circular con un patinete eléctrico en Toronto oscilan entre los 60 y los 90 dólares. Sin embargo, el número de multas impuestas refleja una aplicación limitada de la normativa. En 2023, solo 89 usuarios fueron sancionados por utilizar estos vehículos en las aceras, una cifra muy baja para una ciudad con cerca de tres millones de habitantes.
Este contexto ha alimentado el debate político sobre la efectividad de las medidas y la necesidad de reforzar la vigilancia. Pero el caso que ha captado la atención pública va mucho más allá de las infracciones habituales.
El detonante fue un vídeo viral en redes sociales en el que se veía a un usuario circulando entre el tráfico con un patinete eléctrico a gran velocidad, adelantando a otros vehículos para evitar un atasco. Según las autoridades, el vehículo alcanzaba aproximadamente los 50 km/h, muy por encima de los límites legales.
En Canadá, los patinetes eléctricos tienen una velocidad máxima permitida de 24 km/h, similar a los 25 km/h establecidos en la mayor parte de Europa. Cuando un vehículo supera ese umbral y continúa entregando potencia, deja de considerarse un dispositivo de movilidad personal y pasa a encuadrarse en una categoría equivalente a la de un ciclomotor o motocicleta.
Ese cambio de clasificación implica obligaciones adicionales: licencia de conducción específica, matrícula, seguro y cumplimiento de los requisitos técnicos propios de un vehículo motorizado. En el caso detectado por la Policía de Toronto, el conductor no disponía de ninguno de estos elementos.
@trafficservices Can you spot the #motorcycle in this video? #eKickScooters are covered under an #Ontario pilot program that has rules and if they don’t conform these #vehicles are considered a #motorvehicle and subject to the same rules as #motorcycles under the #Highway #Traffic act. #Toronto #Police want you to know the rules to safe you from getting into trouble ridong an #unsafe and #prohibited #vehicle on the #road - Sean Shapiro @voiceovercop wants you to know before you go so that you dont get into trouble or charged. @tiktok is a great place for learning chrck out our #livestream that goes #live weekdays at 10am eastern time #ASKaTrafficCop is where you can bring your #traffic and police questions and be part of the show. #car #truck #ebike #scooter #escooter #ev #electricmotorcycle ♬ original sound - Toronto Police Traffic Unit
Las autoridades detallaron que el usuario acumulaba múltiples infracciones: circular con un vehículo prohibido en la ciudad, hacerlo a una velocidad superior a la permitida unos 50 km/h, y conducir un vehículo que, por sus características, debía estar registrado y asegurado sin cumplir ninguna de esas condiciones.
El resultado económico puede ser muy elevado. En situaciones como esta, la sanción total puede situarse entre los 5.000 y los 25.000 dólares, una cifra que multiplica por cientos las multas habituales por uso básico del patinete.
El caso ilustra el planteamiento de tolerancia cero que la ciudad pretende aplicar a los vehículos modificados o utilizados fuera de su categoría legal. También pone de relieve un problema creciente en muchas ciudades: la proliferación de dispositivos manipulados para aumentar su potencia y velocidad, lo que incrementa los riesgos en entornos urbanos.