El coche eléctrico está dejando de ser una alternativa para unos pocos. Según ACEA, en la primera mitad de 2026, los vehículos eléctricos de batería alcanzaron el 20,7 % de las matriculaciones en la Unión Europea, frente al 15,6 % del mismo periodo de 2025. Se matricularon 1,22 millones de unidades, un 40,5% más.
La tecnología, por tanto, está avanzando y el mercado también. Pero existe una barrera mucho menos relacionada con el automóvil y mucho más difícil de resolver: dónde se aparca y se carga el coche cuando llega a casa.
El problema empieza antes de comprar el coche
Para aprovechar realmente las ventajas económicas de un vehículo eléctrico, lo ideal es cargarlo durante las horas en las que permanece estacionado. Una plaza privada con un punto de recarga permite hacerlo durante la noche, programar la carga en las horas más económicas y, en determinados casos, aprovechar además electricidad procedente de autoconsumo fotovoltaico.
El problema es que esa situación está lejos de estar al alcance de todos. El precio de la vivienda en España aumentó un 12,2 % interanual durante el segundo trimestre de 2026. Según el INE, la vivienda de segunda mano, precisamente la que concentra buena parte del parque residencial, se encareció un 12,9 %.
El Banco de España calcula que un hogar no propietario necesitaba en 2024 una renta equivalente a 6,8 años para adquirir una vivienda en España. Según los datos del Banco de España, en Madrid, esa cifra alcanzaba los 9,7 años y en Barcelona los nueve.
Y el problema no afecta únicamente a quien quiere comprar. El INE revela que el 44,3 % de las personas de entre 26 y 34 años convivía con sus padres en 2025. Entre quienes permanecían en el hogar familiar, un 34,6 % afirmaba que no podía permitirse alquilar una vivienda y un 12,7 % que no podía acceder a la compra.
En este contexto, plantear además que la vivienda debe disponer de una plaza de garaje (y que esa plaza debe permitir instalar un cargador) introduce una segunda barrera económica.
El garaje se convierte en parte del coche eléctrico
Para un conductor que tiene una vivienda con garaje, la recarga puede integrarse prácticamente en su rutina. El coche se enchufa al llegar, permanece estacionado varias horas y está listo al día siguiente.
En un piso sin plaza de aparcamiento, la situación cambia completamente. No basta con tener un cargador relativamente cerca. Hay que desplazarse hasta él, comprobar que esté disponible y dedicar tiempo a una operación que, con la recarga doméstica, se realiza mientras el vehículo está aparcado.
España cuenta además con un marco legal que facilita la instalación de un punto de recarga privado en una plaza individual de un garaje comunitario. La Ley de Propiedad Horizontal establece que basta con comunicar previamente la instalación a la comunidad, y que el coste corresponde al propietario interesado. Pero esta facilidad resuelve el problema únicamente para quien ya dispone de una plaza de garaje.
La solución para quien no puede cargar en casa pasa por la infraestructura pública. Pero aquí, el problema es económico. Cargar en la calle sale más caro.
En España existen puntos de recarga con precios muy diferentes dependiendo de la potencia y del operador. Como referencia, REPSOL sitúa actualmente su recarga normal en 0,36 euros/kWh, la rápida desde 0,48 euros/kWh y la ultrarrápida en 0,56 euros/kWh.
En cambio, existen tarifas domésticas específicas para vehículo eléctrico con precios de energía considerablemente inferiores. Iberdrola, por ejemplo, ofrece actualmente planes con precios de energía de 0,17-0,21 euros/kWh, antes de considerar las particularidades de cada contrato e impuestos.
La diferencia puede ser importante. Un automóvil que consuma 17 kWh cada 100 kilómetros necesitaría unos 6,1 euros de electricidad a 0,36 euros/kWh, pero aproximadamente 9,5 euros a 0,56 euros/kWh. En casa, con un precio de 0,17 euros/kWh, serían unos 2,9 euros. Es decir, la ventaja económica del coche eléctrico depende en buena medida de dónde se cargue.
Con un cargador público caro, el coste por kilómetro puede acercarse al de un automóvil de combustión eficiente. Y eso elimina uno de los argumentos más importantes para compensar el mayor precio de compra de muchos eléctricos.
El reto ya no es solamente instalar cargadores
La expansión de la red pública resulta imprescindible. Según los datos del Observatorio Europeo de Combustibles, la infraestructura europea de recarga pública alcanzó en julio de 2026 más de 1,15 millones de puntos, un 15,2% más que un año antes. Pero aumentar el número de cargadores rápidos no resuelve por sí solo el problema residencial.
Para millones de conductores sería más útil disponer de puntos de carga lenta o semirrápida en los lugares donde el coche permanece estacionado durante horas: garajes comunitarios, aparcamientos residenciales, centros de trabajo, supermercados y aparcamientos públicos.
La paradoja es evidente: el coche eléctrico funciona mejor cuando puede cargar mientras su propietario duerme, trabaja o hace la compra. Obligar al conductor a buscar expresamente un cargador para recuperar autonomía hace que la experiencia se parezca cada vez más a la de acudir a una gasolinera.
La transición hacia el vehículo eléctrico corre así el riesgo de generar una brecha inesperada. Por un lado está quien puede permitirse una vivienda con garaje, instalar un cargador y pagar una tarifa eléctrica doméstica. Por otro, quien vive de alquiler, en un piso sin plaza de aparcamiento o en una zona donde no existe una solución residencial de recarga.
El problema no es que el coche eléctrico no pueda utilizarse sin garaje. Puede hacerse y la red pública seguirá creciendo. El problema es que hacerlo puede resultar menos cómodo y, sobre todo, considerablemente más caro.
La electrificación del automóvil, por tanto, no depende únicamente del precio de las baterías, de la autonomía o de la velocidad de carga. En España también depende de algo mucho más básico: que una parte suficientemente amplia de la población pueda permitirse una vivienda y un lugar donde aparcar el coche y de una considerable rebaja del precio de la recarga pública.