Los datos del último Informe del Sector de la Bicicleta, presentado por AMBE en colaboración con Cofidis el pasado mes de marzo, ofrecen una foto clara: el mercado de la bicicleta en España es sólido, maduro y con un potencial de crecimiento que todavía está lejos de haberse agotado.
En 2025, el sector de la bicicleta superó de nuevo el millón de unidades vendidas (1.093.478 bicicletas) y facturó 2.177 millones de euros, dando empleo directo a más de 24.000 personas en toda la cadena de valor. Son cifras que sitúan a la industria ciclista española entre los sectores más relevantes de la movilidad, el ocio y el deporte en nuestro país, y que merecen ser atendidas con el rigor y la atención que corresponden a su peso real.
La bicicleta eléctrica: el avance de la electrificación sin apoyo estatal
Dentro de este escenario, el comportamiento de la bicicleta eléctrica merece una mención especial. Las ventas de e-bikes crecieron en torno a 40.000 unidades respecto al ejercicio anterior, alcanzando las 234.880 unidades. Esta categoría de bicicletas, que se diferencia de la convencional por el pedaleo eléctrico asistido, ya representan el 21,5% de las bicicletas vendidas y concentran el 35,2% de la facturación total del sector.
Si comparamos con otros sectores, pocos vehículos se han electrificado con una evolución tan acelerada y un peso tan significativo en tan poco tiempo. Desde AMBE empezamos a publicar datos de ventas de bicicletas eléctricas en 2014, cuando el mercado rozaba las 14.000 unidades vendidas al año. En once años, la venta de bicicletas eléctricas se ha multiplicado por 16. Esta trayectoria, lejos de ser una tendencia pasajera, responde a una transformación estructural del mercado y de los hábitos de movilidad de los españoles.
Hacia una movilidad accesible y asequible
Moverse en bicicleta sigue siendo una de las formas más asequibles de desplazarse, pero no siempre es accesible para todo el mundo. Mientras que una bicicleta convencional tiene un precio medio de 1.058 €, las bicicletas eléctricas -clave para ampliar el uso de la bici a una demografía más amplia, distancias y usos- alcanzan de media los 2.101 €, una barrera económica evidente para muchas familias y empresas.
Lo mismo ocurre con las cargo bikes, fundamentales para sustituir viajes en coche y para la logística urbana sostenible. Si realmente queremos que la ciudadanía pueda elegir la bicicleta como medio de transporte diario, necesitamos políticas públicas decididas.
Hay, sin embargo, un matiz que no podemos ignorar. Dentro de este crecimiento general, el segmento de la bicicleta eléctrica urbana (paradójicamente el más relevante para transformar la movilidad cotidiana) registró una caída en 2025. A pesar de tratarse de la categoría con mayor impacto potencial en la reducción de emisiones, la descongestión del tráfico y la promoción de hábitos saludables, es precisamente ahí donde el mercado señala que algo no está funcionando del todo bien.
La infraestructura ciclista en muchas ciudades sigue siendo insuficiente, discontinua o percibida como insegura, la preocupación por el robo de bicicletas de mayor valor (como las eléctricas) es creciente, y la ausencia de incentivos fiscales y ayudas estables para la compra de bicicletas eléctricas, tanto para particulares como para empresas, genera incertidumbre en el momento de la decisión de compra.
Incentivos fiscales: la política con mejores resultados en Europa
Los incentivos fiscales para acceder a una bicicleta merecen atención específica. En países como Alemania, los esquemas de incentivo fiscal a la e-bike (en forma de deducción en el IRPF, leasing corporativo o subvención directa) han demostrado ser palancas extraordinariamente eficaces para acelerar la adopción de la bicicleta eléctrica.
Solo en Alemania, más de 2,1 millones de bicicletas se adquieren cada año a través de programas de bicicleta de empresa (bike leasing). En España, ese mercado prácticamente no existe porque todavía no contamos con el marco normativo que lo habilite, y se trata de una medida de bajo coste y gran impacto, con enorme popularidad y éxito allá donde se implementa.
La Ley de Movilidad Sostenible reconoce la bicicleta como modo de transporte urbano prioritario y establece la obligatoriedad de planes de movilidad al trabajo en empresas de más de 200 empleados. Ahora necesitamos que el desarrollo reglamentario esté a la altura de esa ambición: una figura fiscal de bicicleta de empresa, deducciones a la compra de bicicletas en el IRPF, y ayudas directas a la compra estables a nivel estatal, son medidas urgentes.
La bicicleta debe ser una política de Estado
La bicicleta va mucho más allá de un producto comercial. Se trata de una herramienta estratégica para transformar la movilidad y mejorar la salud (también económica) del país. Solo hace unas semanas, la Comisión Europea a través del programa AccelerateEU ha propuesto a los Estados miembros apostar por la bicicleta: ayudas a la compra, incentivos fiscales, y sistemas de bicicleta compartida, para hacer frente a la crisis energética.
Además de reducir emisiones de forma inmediata, liberar de la dependencia de otros medios de transporte (especialmente los trayectos urbanos inferiores a cinco kilómetros, que son la mayoría en España), mejorar la salud pública al fomentar la actividad física moderada y contribuir a dinamizar una industria con una cadena de valor que genera riqueza y empleo cualificado en todo el territorio, la bicicleta es también un elemento de cohesión social, porque facilita la movilidad activa a personas de distintas edades, condiciones físicas y niveles de renta.
El sector está preparado, los ciudadanos responden, y las ciudades están acelerando este cambio. Lo que necesitamos ahora es que las políticas públicas acompañen con la misma determinación y la misma velocidad con la que el mercado y los ciudadanos ya están avanzando: redes ciclistas seguras y conectadas, aparcamientos protegidos, incentivos fiscales eficaces y una agenda de movilidad activa que se ejecute con rigor y continuidad.
España tiene ante sí una oportunidad real de liderar la transición hacia una movilidad más sostenible, más saludable y más justa. El mercado de la bicicleta eléctrica es uno de los vectores más potentes de esa transformación. Solo hace falta que las administraciones estén a la altura del desafío.