La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda solicitando que haya "coherencia" entre los objetivos de descarbonización del transporte establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la política fiscal, para no gravar los puntos de carga de coches eléctricos con dos cuotas, una municipal y una nacional, tal como figura en los Presupuestos Generales del Estado para 2021.
"Este gravamen puede suponer una barrera para el despliegue de una red de recarga de vehículos eléctricos y, por tanto, dificultar el objetivo que el Gobierno expresó a finales de 2020 de implementar 100.000 puntos en cuatro años, como parte de su estrategia para electrificar el parque móvil en España y lograr cinco millones de vehículos eléctricos en 2030", señala el director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia.
Tal como explican desde Aedive, la legislación actual (epígrafe 664.2 del Artículo 67 del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en su TÍTULO VI (Normas Tributarias) CAPÍTULO I - Impuestos Directos) recoge que el propietario de un punto de recarga deberá pagar una cuota mínima municipal de 13,56 euros por cada instalación, así como otros 13,56 euros a nivel nacional.
"Los puntos de carga no son máquinas expendedoras" aseguran desde AEDIVE y señalan que este epígrafe replica la misma situación que se plantea para máquinas expendedoras, por las que tanto el dueño del establecimiento como el de la máquina pagan una cuota, pero porque en esa actividad, ambos actores se reparten las ganancias de la máquina, cosa que no sucede con los puntos de recarga.
Para la asociación, esta situación "no tiene ningún sentido" y solicita a la Administración que elimine la cuota municipal y que sitúe en coste cero la nacional, al menos durante los primeros tres o cinco años, "con el fin de incentivar la actividad".
En un momento como el actual y cuando ya se estaban empezando a superar los efectos de una regulación como el RD 647/2011, que lastró el despliegue de infraestructuras de recarga durante 8 años con la creación de la figura del gestor de carga, una nueva medida impositiva que grave estas infraestructuras se aleja de los objetivos e impulso que está acometiendo desde su creación el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
AEDIVE recuerda que el despliegue de infraestructuras de recarga, su instalación, operación y mantenimiento es una actividad que implica un esfuerzo inversor "importante" que están asumiendo las empresas del sector, pero está "lejos de suponer beneficios económicos" para quien la desarrolla.
"Si queremos seguir la estela de los países más desarrollados en movilidad eléctrica y la apuesta del Gobierno por impulsar su crecimiento, debería de haber estrategias coordinadas entre todos los ministerios y establecerse un criterio común para ayudar a cumplir los objetivos marcados", ha añadido Pérez de Lucia.
Entre otros aspectos, el directivo también ha incidido en la necesidad de reducir el IVA a la compra de coches eléctricos y que las ayudas a la adquisición de este tipo de vehículos no tributen como rendimientos del trabajo, además de que la central de compras del Estado, dependiente de esta Hacienda, actualice sus procedimientos para que en futuras compras de flota por parte del Estado haya coherencia con el espíritu del PNIEC y de los objetivos del Gobierno en la electrificación de la movilidad en España.
AEDIVE ha recordado, asimismo, que los operadores de recarga se siguen enfrentando a las barreras administrativas para la concesión de permisos y licencias que lastran la implementación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y que esa debiera de ser la prioridad del Gobierno, en estos momentos, en lo que atañe a las infraestructuras de carga para la movilidad eléctrica.
