La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha detectado que 1.674 gasolineras españolas no comunicaron sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica al menos una semana durante agosto de 2026. La cifra representa el 13,36% de las 12.527 estaciones de servicio incluidas en el análisis, lo que supone más de una de cada ocho. El incumplimiento de esta obligación puede constituir una infracción grave, sancionable con multas de hasta 600.000 euros. El organismo regulador está reforzando la vigilancia para comprobar qué instalaciones incumplen la normativa y garantizar la transparencia de los precios.
Casi 1.700 gasolineras no comunicaron sus precios al menos una semana
Los datos de la CNMC muestran un aumento considerable de las incidencias en las comunicaciones de precios. En julio, el organismo había identificado 1.072 estaciones con al menos una semana sin notificar sus tarifas, equivalentes al 8,56% de las instalaciones analizadas. Un mes después, la cifra había aumentado hasta las 1.674 gasolineras, el 13,36% del total.
No todas presentan la misma situación. De las estaciones señaladas en agosto, 913 dejaron de comunicar precios durante una semana, mientras que 370 acumularon dos semanas sin hacerlo.
El problema resulta más preocupante en los casos reiterados. Un total de 164 instalaciones no remitieron información durante ninguna de las cinco semanas del mes, aunque la CNMC todavía debe comprobar si algunas seguían realmente operativas.Las estaciones independientes representan aproximadamente el 68% de los casos detectados.
Multas de hasta 600.000 euros por no comunicar los precios
La obligación de informar no es nueva. La normativa española exige a los responsables de las gasolineras remitir sus precios todos los lunes, o el siguiente día hábil cuando sea festivo, y cada vez que introduzcan modificaciones.
Estos datos alimentan las herramientas públicas que permiten comparar el coste de repostar. El incumplimiento puede considerarse una infracción administrativa grave, con posibles sanciones de entre 60.000 y 600.000 euros, según explica el Ministerio para la Transición Ecológica.
Sin embargo, las estaciones identificadas no están automáticamente sancionadas. La CNMC debe examinar cada situación y determinar si procede iniciar un expediente.
El sector también reclama mejorar los sistemas de aviso y actualizar el censo de instalaciones para evitar que errores administrativos se confundan con incumplimientos.
Un problema para quienes buscan la gasolinera más barata
La falta de información puede afectar directamente a los consumidores. El Geoportal de Gasolineras del Ministerio permite localizar estaciones de servicio y comparar los precios de gasolina y diésel. Si una instalación no actualiza correctamente sus tarifas, los conductores pueden encontrarse con información incompleta o desfasada.
Esto no demuestra que esas gasolineras estén cobrando precios ilegales ni que exista una manipulación deliberada. La situación adquiere especial importancia en un contexto de encarecimiento de los carburantes. Durante agosto, el precio medio de la gasolina 95 en Península y Baleares alcanzó los 1,725 euros por litro, mientras que el gasóleo A llegó a 1,852 euros.
La CNMC continuará supervisando los incumplimientos y comprobando la información remitida por los operadores. Para los conductores, el problema es sencillo: comparar precios solo resulta útil cuando las gasolineras facilitan datos correctos y actualizados.