La implantación de coches eléctricos en la Guardia Civil vuelve a estar en el centro de la polémica: asociaciones profesionales de agentes han denunciado que numerosos coches patrulla permanecen inoperativos por problemas relacionados con la infraestructura de recarga. La situación, que afecta especialmente a distintas unidades de la provincia de Alicante, vuelve a abrir el debate sobre la utilidad real de estos vehículos para las labores policiales cuando no existe una red de carga plenamente operativa.
Las críticas han ido a más después de que se haya hecho público el caso de un coche patrulla que necesitó permanecer conectado durante casi dos días para poder ser utilizado apenas una mañana de servicio. La imagen de un vehículo oficial cargándose mediante un cable conectado a una toma doméstica se ha convertido en un ejemplo claro de los problemas que, según denuncian los agentes, arrastra el proceso de electrificación de parte de la flota del cuerpo.
La infraestructura es insuficiente
La asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) deja claro que la situación no responde a una falta de vehículos, sino a la deficiente planificación de la infraestructura necesaria para mantenerlos operativos. Según la organización, en varios acuartelamientos existen puntos de recarga ya instalados que, sin embargo, no pueden utilizarse por cuestiones administrativas, falta de autorizaciones o problemas de gestión. Como consecuencia, numerosos vehículos eléctricos deben recurrir a enchufes domésticos, lo que multiplica los tiempos de carga y limita su disponibilidad para el servicio diario.
Desde la asociación denuncian que esta situación tiene un impacto directo sobre la seguridad ciudadana. Según un comunicado del que se hace eco La Vanguardia, “la consecuencia de este despropósito administrativo es directa y alarmante, ya que se traduce en menos patrullas en las calles. Los jefes de unidad se enfrentan diariamente a un escenario imposible en el que, aun disponiendo de personal, no pueden nombrar servicios de prevención porque los vehículos eléctricos permanecen inmovilizados a la espera de una carga que nunca llega a completarse a tiempo”.
Las denuncias conocidas en Alicante apuntan además a un problema que trasciende a un único cuartel. JUCIL afirma que el despliegue de puntos de recarga iniciado hace años se ha visto afectado por retrasos, cambios de adjudicatarios y dificultades técnicas que han derivado en la existencia de instalaciones terminadas, pero sin capacidad para prestar servicio.
Los representantes de los agentes califican esta situación de “laberinto burocrático” y consideran que la inversión realizada en vehículos eléctricos pierde gran parte de su utilidad si los coches no pueden cargarse con normalidad. Por eso demandan la “autorización inmediata para el uso de todos los puntos de recarga ya instalados que se encuentran bloqueados por trámites administrativos”.
Un problema que viene de lejos
Y las críticas no se centran exclusivamente en la infraestructura. Algunos agentes cuestionan también que determinados vehículos eléctricos sean adecuados para las exigencias propias de las patrullas, especialmente en zonas rurales o de gran extensión territorial donde las distancias recorridas son elevadas y los tiempos de respuesta resultan determinantes. En este sentido, consideran que la autonomía y los tiempos de recarga pueden convertirse en un condicionante operativo cuando los recursos disponibles son limitados.
💥💥 BOMBAZO INFORMATIVO | El caos de los cargadores eléctricos paraliza a las patrullas de la Guardia Civil en Alicante.
— Jucil Nacional (@jucilnacional) March 2, 2026
¡PERO EN QUÉ MANOS ESTAMOS!https://t.co/Oj8Ci6PXoy
¡¡OJO!! JUCIL denuncia que vehículos 100% eléctricos permanecen inoperativos mientras las estaciones de…
La controversia, además, no es nueva, ya que recuerda a episodios similares registrados en años anteriores, cuando distintas asociaciones profesionales denunciaron que parte de la nueva flota eléctrica permanecía parada por la falta de cargadores adecuados. En aquellas ocasiones, la Dirección General de la Guardia Civil defendió que los vehículos disponían de alternativas de recarga y negó que existieran unidades inmovilizadas por ese motivo, pero tiempo después la situación parece mantenerse.