La nueva regulación europea sobre las emisiones de metano podría provocar un problema de suministro de petróleo mucho mayor que el vivido durante la reciente crisis del estrecho de Ormuz, al menos esa es la advertencia que lanza Luis Cabra, director general de Transición Energética, Tecnología, Institucional y adjunto al consejero delegado de Repsol, quien considera que, si la Unión Europea no modifica la normativa antes de su entrada en vigor, las refinerías europeas podrían quedarse sin suficiente crudo para mantener su actividad.
En una entrevista concedida a elEconomista, Cabra sostiene que la situación es especialmente preocupante porque la regulación europea sobre el metano se aplicará con carácter extraterritorial a partir de 2027. Esto significa que los productores de petróleo de terceros países deberán demostrar que cumplen con los requisitos de medición, monitorización y control de las emisiones de metano exigidos por Bruselas si quieren seguir exportando crudo al mercado comunitario.
Mucho petróleo no cumpliría la normativa
El problema, según explica el directivo de Repsol, es que una parte muy importante de los países productores no dispone todavía de sistemas que permitan certificar ese cumplimiento. Como consecuencia, una gran cantidad del petróleo que actualmente abastece a las refinerías europeas podría dejar de ser apto para entrar en el mercado comunitario, no por falta de recursos, sino por la imposibilidad de acreditar el cumplimiento de la nueva legislación.
Cabra cifra el alcance potencial del problema en un dato especialmente llamativo: según señala, hasta el 87 % del petróleo que actualmente importan las refinerías europeas podría verse afectado por esta normativa si no se introducen modificaciones. Esto obligaría a reducir drásticamente la actividad de las plantas de refino o a buscar suministros alternativos.
El responsable de Repsol considera que el contexto actual agrava todavía más el riesgo, ya que Europa ya afronta un escenario complicado tras las restricciones al petróleo ruso y la incertidumbre generada por las tensiones en Oriente Medio. En este sentido, advierte de que, si la regulación entra en vigor en los términos previstos, “la crisis de Ormuz se va a quedar corta” en comparación con los problemas de abastecimiento que podrían sufrir las refinerías del continente.
Cabra insiste en que el objetivo de reducir las emisiones de metano es compartido por la industria, pero considera que el diseño de la regulación presenta importantes dificultades prácticas. A su juicio, resulta extremadamente complejo exigir a productores situados fuera de la Unión Europea unos requisitos cuya verificación depende, en muchos casos, de las autoridades y de los sistemas regulatorios de sus respectivos países.
Una petición a Europa
El directivo recuerda además que Europa depende en gran medida de las importaciones de petróleo para garantizar el funcionamiento de su sistema energético. Si una parte significativa de esos suministros deja de cumplir los requisitos administrativos establecidos por Bruselas, las refinerías europeas tendrían serias dificultades para encontrar materias primas suficientes que sustituyan ese volumen de crudo en un plazo reducido.
Por ese motivo, Cabra reclama que la Comisión Europea introduzca cambios en la regulación antes de que entre plenamente en vigor. Su propuesta pasa por adaptar el calendario de aplicación y establecer mecanismos que permitan evitar un impacto inmediato sobre la seguridad del suministro energético, sin que eso signifique renunciar a los objetivos medioambientales que persigue la normativa.
El dirigente de Repsol considera que todavía existe margen para encontrar soluciones que compatibilicen la reducción de las emisiones de metano con el mantenimiento de un abastecimiento estable de petróleo para Europa. En caso contrario, advierte de que el continente podría enfrentarse a una situación sin precedentes para sus refinerías, con una disponibilidad insuficiente de crudo y consecuencias directas sobre la producción de combustibles. Para Cabra, la decisión corresponde ahora a las instituciones europeas y, en su opinión, la regulación debería corregirse antes de 2027.