La revisión de expedientes de contratación del Ministerio de Defensa ha abierto un foco de controversia en la Base Aérea de Albacete. Bajo la dirección política de Margarita Robles, el departamento enfrenta cuestionamientos tras la adjudicación de contratos técnicos a una pequeña tienda de accesorios de motos, en detrimento de fabricantes industriales especializados en equipamiento aeronáutico.
El epicentro de la polémica se sitúa en la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 23 (JSEA 23), responsable de tramitar varios expedientes que ahora están bajo escrutinio.
Escaleras técnicas para cazas y aviones contraincendios
Uno de los contratos señalados corresponde al suministro de escaleras móviles con plataforma destinadas al mantenimiento de aeronaves. En entornos militares, estos equipos no son simples estructuras metálicas, sino sistemas diseñados para ajustarse con precisión al fuselaje de cazas como el Eurofighter Typhoon o aviones anfibios de extinción como el Canadair CL-415.
Estas plataformas deben incorporar materiales de alta resistencia, protección para superficies sensibles y suelos preparados para soportar fluidos hidráulicos específicos. Sin embargo, la adjudicación recayó en JORPERACING S.L., una microempresa dedicada hasta hace poco a la venta de equipamiento para motoristas, según la información publicada por el medio Moncloa.
La diferencia económica con uno de los competidores industriales fue de apenas 1.405 euros, lo que ha alimentado dudas en fuentes del sector sobre la viabilidad técnica y financiera de la oferta ganadora.
Exclusiones y falta de competencia
El proceso también dejó fuera a otros licitadores por defectos técnicos en su documentación. Este hecho ha reforzado las sospechas sobre cómo una empresa sin trayectoria conocida en fabricación aeronáutica logró presentar una propuesta que cumplía todos los requisitos formales.
Un segundo expediente, relativo al suministro de soportes de plano para aeronaves contraincendios, volvió a adjudicarse a la misma empresa por un importe cercano a los 27.000 euros. En este caso, solo se presentó una oferta.
La ausencia de competencia efectiva en un contrato de material sensible para aeronaves ha generado interrogantes sobre la transparencia del procedimiento y la posible desincentivación de proveedores habituales del sector, tal y como indica Moncloa.
Denuncias sobre uso de recursos públicos
Paralelamente, fuentes próximas al entorno militar apuntan a posibles irregularidades en la Maestranza Aérea de Albacete, donde se habrían utilizado instalaciones y recursos públicos para trabajos vinculados a intereses privados. Estas acusaciones, de confirmarse, tendrían implicaciones tanto administrativas como penales.
Por el momento, no consta una investigación judicial abierta, pero el conjunto de expedientes ha provocado inquietud en ámbitos técnicos y sindicales vinculados a la defensa.
Impacto en la seguridad y en la contratación pública
Más allá del debate político, el caso plantea preguntas sobre los controles internos en la contratación de suministros críticos para la seguridad aérea. En bases donde operan aeronaves militares y de emergencias, la calidad y fiabilidad del equipamiento de tierra es un factor clave.
La resolución de este episodio podría marcar un precedente sobre cómo se evalúan las ofertas en procedimientos públicos sensibles y qué mecanismos existen para garantizar igualdad de condiciones entre empresas de distinto perfil.