El 2026 no será un año al uso para la industria española de automoción. Este nuevo ejercicio en el que nos adentramos se quiere posicionar como un claro punto de inflexión en el alcance real y la disponibilidad de la movilidad eléctrica para los ciudadanos.
Las matriculaciones de vehículos eléctricos en nuestro país crecen a un ritmo cada vez más visible. Los datos lo corroboran: el año 2025 dijo adiós con un total de 254.783 unidades matriculadas de vehículos electrificados (eléctricos puros + híbridos enchufables), lo que supuso un crecimiento exponencial del 90,6% respecto al año anterior. Una cifra que confirma que la transición está en marcha y que va recortando pasos para convertirse en una realidad cada vez más tangible.
Pero, a pesar de las buenas noticias, indudablemente debemos redirigir el debate público hacia una cuestión clave: ¿cómo podemos acelerar este tipo de movilidad más sostenible de forma homogénea en todo el territorio nacional? La transición que estamos viviendo en primera persona, como industria y sociedad, presenta lamentablemente una asimetría evidente. La electrificación continúa teniendo un marcado carácter urbano, con un desarrollo más pronunciado en grandes ciudades y áreas metropolitanas, mientras que el entorno rural se sitúa aún en una posición más rezagada quedando al margen de muchas de las políticas y programas puestos en marcha.
Hablar de movilidad eléctrica exige de una mirada a largo plazo y de una visión que vaya más allá de las ciudades. Desde Neutral in Motion, círculo que engloba a las principales asociaciones de automoción y vehículos de España, creemos firmemente que éste es precisamente uno de los grandes retos al que nos enfrentamos cuando aspiramos a alcanzar una transición justa, inclusiva y verdaderamente transformadora. La movilidad de nuestros ciudadanos no es solo una cuestión tecnológica o industrial, sino un derecho básico y esencial que les define como miembros partícipes de la sociedad.
Una realidad rural que demanda atención
El entorno rural presenta unas singularidades y características propias que no pueden abordarse desde una simple réplica del modelo urbano. Para quienes viven en estas zonas el vehículo privado no es una opción más, sino una necesidad estructural. Las distancias entre ellas y los núcleos urbanos son amplias, el transporte público es limitado o incluso inexistente y el acceso a servicios básicos, como sanidad, educación o empleo, depende en gran medida de la movilidad individual.
A esta realidad se suma un contexto económico y demográfico que condicionan de forma decisiva cualquier tipo de transición. En muchos núcleos rurales, la renta media es inferior, los vehículos son más antiguos de por sí y la capacidad para asumir cambios rápidos en los hábitos de movilidad es limitada. Todo da pie a un escenario en el que la movilidad eléctrica se percibe como una meta lejana, asociada más bien a otras realidades y diseñada desde parámetros fundamentalmente urbanos.
Una percepción que no es sinónimo de una falta de compromiso con la sostenibilidad ni una resistencia al cambio. Es más una respuesta a la sensación de que muchas de las soluciones impulsadas no han partido de las necesidades reales de esos pequeños territorios ni del uso cotidiano que hacen del vehículo quienes viven fuera de las grandes ciudades. Cuando la movilidad eléctrica se plantea sin atender a estos condicionantes, corremos el riesgo de configurar un debate ajeno para una parte significativa de la población.
Enfoque compartido, única vía para avanzar
Todos los que hace unos años nos unimos para crear este gran proyecto, Neutral in Motion, tenemos clara una cosa: si queremos avanzar hacia una electrificación verdaderamente inclusiva, enfocada al usuario, el punto de partida debe ser otro. Entender cómo y en qué condiciones se utiliza el vehículo privado en el entorno rural permitirá desarrollar soluciones más realistas, accesibles y alineadas con la vida diaria de las personas.
Con este enfoque, la movilidad eléctrica deja de ser un objetivo abstracto para convertirse en una herramienta tangible al servicio de la cohesión social y territorial. Una herramienta que debe integrarse de forma progresiva, flexible y adaptada, teniendo en cuenta la diversidad de usos, actividades económicas y ritmos de adopción propios del mundo más rural. Asumir esta realidad es una muestra de realismo y responsabilidad.
Es esencial que las políticas públicas incorporen una sensibilidad territorial más definida. Se requieren medidas específicas, simplificación administrativa y una planificación a medio y largo plazo que entiendan a la movilidad eléctrica como parte de una estrategia más amplia de desarrollo rural, lucha contra la despoblación y mejora de la igualdad de oportunidades.
Nada de esto será posible si no trabajamos desde una perspectiva de unidad. La movilidad eléctrica es un proyecto colectivo que exige la colaboración de todos: administraciones públicas, industria, compañías y proveedores tecnológicos, y ciudadanía. La fragmentación del discurso o la confrontación entre soluciones no ayuda al ciudadano, especialmente en aquellos territorios donde pueden primar la incertidumbre o la desconfianza. Frente a ello, es necesario escribir un relato común, coherente y basado en el diálogo, que transmita seguridad y acompañe al ciudadano en el proceso de cambio.
El enfoque compartido es la única vía de avance. Escuchar a todos los territorios, poner al ciudadano en el centro y alinear al conjunto del sector permitirá construir una transición más sólida y duradera. Porque el éxito de la movilidad eléctrica para este nuevo 2026 no se medirá únicamente en cifras de matriculaciones o en objetivos regulatorios, sino en su capacidad para mejorar la vida de las personas, vivan donde vivan. El entorno rural no puede ser un actor secundario en esta transformación. Solo integrándolo, sin ningún tipo de exclusión, podremos hablar, con propiedad, de una movilidad verdaderamente sostenible, inclusiva y al alcance de todos.