La baliza V16 conectada es un dispositivo luminoso que se coloca sobre el vehículo inmovilizado tras una avería o accidente. A diferencia de los tradicionales triángulos de emergencia, la versión obligatoria lleva incorporada conectividad y geolocalización para enviar automáticamente la posición del vehículo a la plataforma DGT 3.0, sin que el conductor tenga que interactuar con una aplicación o introducir datos personales.
En los últimos días, numerosos conductores han compartido en redes y foros la idea de que la nueva baliza V16 conectada obligatoria en España a partir del 1 de enero de 2026, exige que los usuarios introduzcan datos personales o del vehículo en una aplicación móvil de la Dirección General de Tráfico (DGT) para que funcione correctamente.
Un bulo muy peligroso
Esta información, que ha circulado en medios especializados y páginas de recambios, no se ajusta a la normativa ni a las especificaciones técnicas oficiales, y expertos en seguridad vial la califican como desinformación con potencial de confundir a los conductores.
Según la propia DGT y múltiples fuentes especializadas, la baliza V16 obligatoria está provista de una tarjeta SIM y un chip GPS integrados. Cuando se activa y se coloca sobre el techo del vehículo con la base magnética, el dispositivo transmite su ubicación a DGT 3.0 automáticamente, sin necesidad de que el usuario abra una app o introduzca información en el móvil. La señal luminosa debe ser visible al menos en un ángulo horizontal de 360 grados para alertar a otros conductores.
La norma no exige llevar instalada ninguna aplicación específica para “registrar” la baliza o introducir datos personales. Así se específica en la propia web de la DGT que puede consultarse en este enlace.
Cualquier baliza V16 homologada y conectada con la plataforma DGT 3.0 cumplirá con la obligación legal si se coloca y se activa adecuadamente durante una emergencia. De hecho, la baliza puede ser utilizada en diferentes coches y por diferentes conductores de manera habitual.
En muchos casos, fabricantes y operadores han desarrollado apps compatibles que complementan la funcionalidad del dispositivo, por ejemplo, enviando notificaciones al seguro o gestionando incidencias de forma digital, pero su uso es opcional y no obligatorio para que la baliza cumpla su función legal.
Por qué ha surgido el bulo
La confusión en torno a la necesidad de introducir datos en apps puede provenir de la creciente oferta de dispositivos y servicios adicionales en el mercado. Algunas balizas conectadas, comerciales o asociadas a marcas de telecomunicaciones, ofrecen aplicaciones que permiten al usuario gestionar ciertos aspectos del dispositivo o vincularlo con servicios de asistencia o seguros.
Esto no forma parte de la exigencia reglamentaria de la DGT, sino que se trata de opciones complementarias que pueden atraer a determinados perfiles de usuario, especialmente aquellos interesados en servicios digitales de gestión de incidencias.
Este tipo de servicios pueden resultar útiles para plataformas privadas o para integrar la información en aplicaciones de terceros, pero no son necesarias para que la baliza envíe su ubicación a la plataforma DGT 3.0 ni para que cumpla con los requisitos legales establecidos por la normativa.
La legislación alrededor de la baliza V16 conectada, que sustituye a los triángulos de emergencia para señalizar vehículos detenidos en la calzada, se basa en criterios técnicos claros: los dispositivos deben estar homologados por la DGT, incluir conectividad para transmitir la ubicación automáticamente y cumplir con parámetros mínimos de visibilidad y autonomía de batería.
Las balizas que solo emiten luz sin capacidad de transmisión geográfica no serán válidas a partir de enero de 2026, por lo que los conductores deben asegurarse de adquirir modelos certificados. Listados oficiales y actualizados de balizas homologadas pueden consultarse en la web de la propia DGT para evitar sanciones o adquirir dispositivos no conformes.
La propagación de información errónea sobre la baliza V16 puede llevar a los conductores a creer que están obligados a instalar una app o registrar datos en un servicio digital para cumplir la ley. Esto no solo genera confusión sino que puede retrasar la adquisición de un dispositivo válido, algo que será obligatorio desde 2026 y cuya ausencia puede conllevar multas de hasta 200 euros por no llevar un dispositivo homologado y conectado.