De obligatorio a voluntario: Europa quiere evitar asfixiar a las grandes empresas con exigencias de electrificación de flotas

Varios líderes europeos pactan sustituir las exigencias de electrificación de flotas por objetivos voluntarios, sin penalizaciones por incumplimiento.

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Las grandes flotas empresariales tienen un papel importante en la renovación del parque automovilístico europeo.
29/10/2026 08:30
Actualizado a 29/10/2026 08:30
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La Unión Europea podría dar marcha atrás en uno de sus planes para acelerar la electrificación del automóvil. Representantes del Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas (S&D) y los liberales de Renew han alcanzado un acuerdo político para sustituir por objetivos voluntarios las cuotas obligatorias de vehículos eléctricos y de bajas emisiones que la Comisión Europea propuso para las grandes flotas empresariales a partir de 2030. El pacto, conocido recientemente, todavía debe superar el procedimiento legislativo, pero cuenta con el respaldo de tres de los principales grupos del Parlamento Europeo.

Europa quiere rebajar las obligaciones de compra de coches eléctricos

La Comisión Europea presentó en diciembre de 2025 una propuesta destinada a acelerar la incorporación de vehículos eléctricos y de bajas emisiones a las flotas de las grandes empresas.

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Sería dar otro paso atrás en cuanto a descarbonización del sector del automóvil.

El proyecto contemplaba establecer objetivos vinculantes para los Estados miembros a partir de 2030, adaptados a las características de cada mercado nacional.

No se trataba de imponer directamente una cuota idéntica a cada compañía, sino de obligar a los países a conseguir determinados porcentajes de vehículos limpios entre las nuevas matriculaciones de grandes empresas.

Sin embargo, las negociaciones políticas podrían cambiar considerablemente esa propuesta. Según ha informado Automobilwoche, los representantes del PPE, S&D y Renew han alcanzado un compromiso para convertir los objetivos obligatorios en metas voluntarias, de manera que los países no afronten penalizaciones por incumplirlos.

Jens Gieseke, eurodiputado del PPE, ha defendido el acuerdo: "Para las flotas empresariales hemos encontrado un buen compromiso con los otros grupos que protege a los operadores de cargas importantes".

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La falta de claridad y compromiso es evidente.

España tenía previsto un objetivo del 36% de vehículos sin emisiones en 2030

La propuesta original contemplaba diferencias importantes entre países. En España, la Comisión había planteado que, desde 2030, el 55% de las nuevas matriculaciones de turismos de grandes empresas correspondiera a vehículos de cero o bajas emisiones, con un mínimo del 36% de vehículos sin emisiones.

Para 2035, esos porcentajes aumentarían al 76% y al 64%, respectivamente. Estas cifras podrían perder su carácter obligatorio si finalmente prospera el pacto político.

El cambio tendría especial relevancia para empresas de renting, alquiler de vehículos y compañías con grandes flotas comerciales, que necesitan planificar sus compras con varios años de antelación.

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Todavía tiene que aprobarse la propuesta, pero goza de fuertes apoyos.

Las empresas compran más de la mitad de los coches nuevos en Europa

La importancia de esta negociación se explica por el peso de las flotas en el mercado automovilístico. Según datos del Parlamento Europeo, las empresas y otros compradores corporativos representan aproximadamente el 58% de las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea.

Además, estos vehículos suelen llegar al mercado de segunda mano después de tres o cuatro años, por lo que su electrificación también influye en la disponibilidad futura de eléctricos usados. La Comisión considera que acelerar su renovación ayudaría a reducir emisiones y facilitaría el acceso de los particulares a vehículos eléctricos más asequibles.

El nuevo acuerdo político plantea una alternativa menos exigente, que dejaría mayor libertad a los Estados miembros para impulsar esa transición. Por ahora, las cuotas no han sido eliminadas, ya que forman parte de una propuesta legislativa que todavía está en tramitación.

El siguiente paso será trasladar el compromiso político al procedimiento parlamentario y negociar el texto definitivo. Su resultado determinará hasta qué punto las grandes empresas europeas estarán obligadas a acelerar la electrificación de sus vehículos durante la próxima década.