En plena polémica por las balizas V16 y con Europa cuestionando el trámite realizado por España, Pere Navarro, director de la DGT, marcó una línea roja que hoy vuelve a resonar. “Si paras por una avería o un incidente y no colocas la V16, te pueden denunciar”, porque la obligación está en vigor y no depende del ruido político del momento.
Ahora, la frase no aparece por casualidad. La V16 no es un accesorio opcional ni una recomendación, es el dispositivo que la DGT considera desde el 1 de enero de 2026 como el único medio legal de preseñalización para un vehículo inmovilizado, dejando atrás los triángulos. La idea es reducir el riesgo de atropello al evitar que el conductor tenga que caminar por la calzada o el arcén, encenderla en segundos desde el techo del coche y hacerse visible a distancia, además de sumar la alerta conectada cuando se activa.
Problemas legales con la baliza V16
Según explica la DGT, al activarse la baliza no solo emite la señal luminosa, también se conecta a la plataforma DGT 3.0 para transmitir la ubicación en tiempo real y alertar al resto de usuarios. Es decir, el cambio no es solo de “forma” sino de ecosistema, con conectividad integrada y un flujo de información hacia el sistema de tráfico.
El problema es que, en paralelo a la implantación, ha estallado un frente jurídico con la Unión Europea. La Comisión Europea ha respondido por escrito a una pregunta parlamentaria y ha confirmado que la obligatoriedad de la V16 desde el 1 de enero de 2026 y el requisito de que cada dispositivo comunique su geolocalización están recogidos en dos reales decretos españoles. Ninguno de esos decretos fue notificado bajo el procedimiento de la Directiva 2015/1535.
Conviene aterrizar qué significa “no notificar” porque aquí nace gran parte del ruido. La Directiva 2015/1535 establece un procedimiento para que los Estados miembros informen a la Comisión de borradores de reglamentación técnica antes de aprobarlos, con un periodo de espera que permite revisiones y comentarios para evitar barreras al mercado interior. No es un debate sobre si se puede señalizar una avería con una luz, es una discusión sobre si imponer requisitos técnicos nacionales específicos a un producto debía pasar por ese trámite europeo.
La Comisión Europea no dice que la V16 quede anulada automáticamente ni que esté prohibida, y recuerda que corresponde a los Estados valorar si sus medidas estaban sujetas a la obligación de notificación. Lo que sí hace es advertir de las consecuencias típicas cuando esa obligación existe y no se cumple.
Ahí entran dos escenarios que elevan la tensión política. Por un lado, la Comisión señala que puede iniciar acciones de ejecución contra el Estado miembro mediante el artículo 258 del Tratado. Por otro, cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia para subrayar que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos no notificados cuando proceda esa notificación. En la práctica, no es una derogación instantánea, pero sí una puerta abierta a litigios y a incertidumbre en casos concretos.
Además, la Comisión reconoce que el uso de estos dispositivos no está armonizado a nivel UE y que rigen las normas nacionales de tráfico, pero avisa de que imponer requisitos técnicos específicos puede considerarse una medida equivalente a una restricción del comercio en el mercado interior y exigir justificación. Ese es el punto que preocupa a fabricantes y distribuidores, porque el debate ya no es solo seguridad vial, también es mercado interior.
Con este contexto, el mensaje de Navarro funciona como recordatorio de que, hoy por hoy, la aplicación práctica en carretera sigue siendo la misma. De hecho, el director de la DGT ya dejó bien claro que no habría “ni prorrogas ni cambios” con la entrada en vigor de este elemento.
Mientras, el próximo miércoles 25 de febrero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá en el Congreso para explicar la implantación de la obligatoriedad de la V16, en plena oleada de preguntas por el aviso de Europa y por el encaje legal del modelo español. La sesión promete convertirse en el siguiente capítulo de una polémica que mezcla seguridad vial, tecnología y un trámite europeo que ahora está bajo los focos.