El debate sobre el futuro del automóvil en España ha dado un giro más contundente tras las últimas declaraciones del director general de Tráfico, Pere Navarro. Su planteamiento no se limita a una transición tecnológica, sino que redefine el papel del coche en las ciudades y en la economía del país.
Durante una intervención pública, Navarro situó el problema de la movilidad urbana lejos de las emisiones contaminantes y lo centró en una cuestión estructural: el espacio disponible. Según su análisis, el modelo actual (vehículos privados ocupados por una sola persona) resulta ineficiente en entornos urbanos densos.
La solución del director de la DGT
Por ello, defendió que el acceso al centro de las ciudades no dependerá del tipo de motor, sino de un cambio en el uso del transporte, priorizando opciones colectivas como transporte público o servicios compartidos.
En esa línea, insistió en que el debate sobre si un vehículo es eléctrico o de combustión resulta secundario frente a la congestión urbana. “Al centro de la ciudad no vas a ir ni con eléctrico, ni con diésel ni con gasolina”, vino a resumir, en una declaración que ha generado rechazo entre parte de los conductores.
El posicionamiento del máximo responsable de Tráfico también introduce un cambio de mentalidad más profundo: el coche deja de entenderse como un bien individual para convertirse en un recurso compartido. Navarro considera insostenible seguir moviendo vehículos de alrededor de 1.500 kilos para transportar a una sola persona, lo que apunta hacia un futuro donde la ocupación de los coches será un factor clave en la movilidad.
Sin embargo, más allá de estas medidas urbanas, el eje central de su discurso es otro: el fin de los combustibles fósiles. Navarro fue explícito al respecto al afirmar que “el objetivo de todos es acabar con los combustibles fósiles”, sin entrar a priorizar qué tecnología concreta los sustituirá.
Ese objetivo tiene una fecha marcada en el calendario: 2035. Para entonces, se plantea prohibir la matriculación de nuevos vehículos de gasolina y diésel, en línea con las directrices europeas. Según el director de la DGT, esta meta no solo es viable, sino “ideal para España”.
El argumento principal es económico y energético. España carece de petróleo propio, lo que históricamente ha supuesto una dependencia exterior significativa. Frente a ello, Navarro subraya el potencial del país en energías renovables, especialmente solar, eólica e hidráulica. Este cambio de modelo permitiría reducir la factura energética y mejorar la competitividad nacional.
Actualmente, más del 50 % de la energía consumida en España ya proviene de fuentes renovables, un dato que refuerza la viabilidad de esta transición. En este contexto, el responsable de Tráfico plantea que el país podría aspirar a tener una de las energías más baratas de Europa si logra trasladar ese potencial al sistema económico.
La estrategia, por tanto, no se limita al ámbito medioambiental. También busca atraer inversión y reforzar la autonomía energética, en un escenario global marcado por la volatilidad de los precios del petróleo y el gas.
No obstante, el cambio será progresivo. La prohibición de 2035 afectará únicamente a la venta de vehículos nuevos, mientras que los coches actuales podrán seguir circulando, aunque previsiblemente con mayores restricciones en entornos urbanos y un aumento de la presión normativa.
Navarro tiene claro que la transición no depende tanto de qué coche se conduzca, sino de asumir que el modelo actual de movilidad basado en el vehículo privado individual y en combustibles fósiles tiene fecha de caducidad. Y ese punto de inflexión ya está fijado.