En Carmona, la cuenta sale rápido para quien vive del campo. José Portillo, agricultor sevillano, cobraba 100 euros por hectárea cultivando pipas y cereales, y ahora ingresa 1.900 euros por cada hectárea que ha alquilado a una compañía energética para la implantación de placas solares. La diferencia explica por qué una parte del suelo agrícola empieza a mirar al sol no solo como clima, también como renta.
Portillo ha alquilado 15 hectáreas de sus tierras para la implantación de placas solares. Si antes ese terreno le reportaba 1.500 euros, ahora le aporta 28.500 euros. El salto no es menor para una economía rural que convive con márgenes estrechos, costes variables y cosechas cada vez más expuestas a la incertidumbre.
"Ese dinero me va a venir de maravilla para viajar y hacer cosas que nunca he podido" - José Portillo, agricultor
Detrás de esa frase hay algo más que una mejora de ingresos. También aparece una tensión cada vez más visible en muchos municipios españoles. La energía solar reduce emisiones en el uso de la electricidad y acelera el reemplazo de fuentes fósiles, pero cuando ocupa suelo agrícola abre una pregunta incómoda sobre qué territorio queremos reservar para producir alimentos y cuál para producir electricidad.
Carmona vive una presión solar que ya afecta al mapa agrario
Solo en el término municipal de Carmona, en Sevilla, el ayuntamiento tiene en marcha 28 proyectos de plantas solares. Hablamos de un municipio con 92.000 hectáreas de superficie agrícola, una cifra que da idea del peso del campo en su economía y en su paisaje.
Al mismo tiempo, los vecinos estiman que entre un 20% y un 30% de esa superficie agrícola ha dejado de cultivarse. No toda esa pérdida puede leerse de la misma manera, pero el dato retrata un cambio profundo. Cuando una parte del terreno deja de producir, la discusión ya no gira solo en torno a la energía limpia, también alrededor del uso del suelo y del equilibrio rural.
Ahí entra una contradicción muy concreta. España necesita más generación renovable para recortar emisiones y abaratar la electricidad en horas de alta producción solar, pero el despliegue sobre terreno fértil puede chocar con la continuidad de la actividad agraria. Entre un 20% y un 30% de la superficie agrícola ha dejado de cultivarse, y esa cifra pesa mucho en un municipio de base agraria.
La renta del alquiler multiplica por 19 los ingresos del cultivo
Visto desde la óptica del agricultor, la decisión tiene una lógica difícil de ignorar. Portillo ha pasado de 100 euros por hectárea a 1.900 euros por hectárea. No hablamos de una mejora marginal, sino de una multiplicación por 19 de los ingresos ligados a ese suelo.
Para cualquier familia del campo, ese salto cambia la vida cotidiana. Paga facturas, da margen y reduce dependencia de campañas agrícolas que pueden salir mal. También revela por qué el avance fotovoltaico en suelo rústico no puede analizarse solo desde el punto de vista energético.
Mientras tanto, la solar doméstica también acelera. En 2023, más de 200.000 familias españolas contaban con placas solares en sus viviendas, el doble que el año anterior. Ese crecimiento muestra que la transición energética no depende únicamente de grandes plantas, también del tejado de una casa y del ahorro directo en la factura eléctrica.
El autoconsumo avanza en los hogares mientras el campo busca encaje
La comparación entre ambos mundos resulta reveladora. En los hogares, instalar placas solares acerca la generación al consumo y reduce pérdidas asociadas al transporte de electricidad. En el campo, las grandes plantas aportan volumen de generación, pero obligan a gestionar mejor el impacto territorial.
En 2023, más de 200.000 familias españolas contaban con placas solares en sus viviendas. Que esa cifra duplicara la del año anterior indica hasta qué punto la energía solar ha dejado de ser una rareza para convertirse en una decisión económica de muchas familias.
Por eso gana interés el modelo agrofotovoltaico, que combina la instalación de plantas solares con actividades agrícolas. La idea busca evitar un choque frontal entre electrones y alimentos. Si el mismo suelo puede mantener producción agraria al tiempo que genera electricidad, la discusión cambia de tono.
No resuelve por sí sola todas las tensiones, pero sí apunta al núcleo del problema. Carmona reúne 92.000 hectáreas de superficie agrícola y 28 proyectos de plantas solares en marcha. Cuando además los vecinos calculan que entre un 20% y un 30% del suelo agrícola ha dejado de cultivarse, la diferencia entre cobrar 100 euros o 1.900 euros por hectárea deja de ser una anécdota individual y pasa a definir el paisaje.