El calendario nuclear español ya no encaja del todo con el que aprobó el Gobierno en 2021. Pedro Sánchez ha asumido ante Junts, ERC y el PSC un compromiso verbal para revocar el cierre de las centrales nucleares si cumplen determinadas condiciones, un giro que arranca en Almaraz pero que apunta mucho más lejos.
Las 5 centrales que siguen en funcionamiento suman siete reactores y aportan el 20% de la electricidad del país. En Cataluña, además, Ascó I, Ascó II y Vandellòs II cubrían el 60% de la demanda energética del territorio en el calendario vigente, de modo que cualquier cambio en su vida útil toca a la vez seguridad de suministro, precio de la luz y espacio para nuevas renovables.
Ahora el Gobierno estudia alargar Almaraz y eso puede arrastrar a todo el parque
Fuentes del entorno político de Sánchez sitúan el primer movimiento en Extremadura. El Ejecutivo inclina su criterio hacia una ampliación de Almaraz y esa decisión abriría, de forma más que probable, la misma puerta para el resto del parque nuclear español.
El cambio llega después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiera el 16 de julio un informe favorable sobre Almaraz. A partir de ahí, el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, dispone hasta mediados de septiembre para dictar la orden ministerial definitiva.
Frente al plan original, Almaraz I debía cerrar el 1 de noviembre de 2027 y Almaraz II el 31 de octubre de 2028. La opción que hoy analiza el Gobierno consiste en mantener ambos grupos de forma simultánea hasta el 8 de junio de 2030.
No es una decisión puramente técnica. Almaraz pertenece a Iberdrola con un 53%, Endesa con un 36% y Naturgy con un 11%, así que cualquier prórroga también afecta al reparto de costes, inversiones y rentabilidades en tres de las grandes eléctricas del país.
Desde el apagón del 29 de abril el debate cambió de velocidad
Hasta hace poco, el marco oficial seguía siendo el del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima aprobado en 2021, que fijaba el cierre de todas las nucleares entre 2027 y 2035. Ese guion incluía a Cofrentes en 2030 y dejaba a Trillo como la última en apagarse.
Después del apagón del 29 de abril de 2025, el debate adquirió otra temperatura política. El 17 de junio de ese año, el Congreso aceptó iniciar la tramitación de una proposición de ley para prolongar la vida útil de las centrales nucleares.
Aquí aparece una tensión de fondo que va mucho más allá de un reactor concreto. Mantener generación nuclear puede ayudar a sostener producción firme y evitar emisiones asociadas a tecnologías fósiles, pero también obliga a vigilar que la red no termine reservando hueco a instalaciones antiguas mientras esperan entrada nuevas plantas renovables más baratas en operación.
El Ministerio fija tres condiciones y una afecta directamente al recibo
Sara Aagesen ha puesto tres líneas rojas sobre la mesa. La primera pasa por la seguridad nuclear. La segunda exige que la extensión de vida útil no genere sobrecostes para los consumidores. La tercera busca que la decisión no sature la red ni bloquee la penetración de nueva potencia renovable.
Ese segundo punto resulta especialmente sensible para cualquier hogar que ya compara su factura mes a mes. Si la prolongación de una central acaba trasladando más costes al sistema, el debate deja de ser solo energético y entra de lleno en el bolsillo del consumidor, justo cuando la electrificación del coche y la climatización doméstica piden una electricidad competitiva para recortar emisiones de verdad.
También hay una pregunta incómoda en el tercer criterio. Si las nucleares siguen más tiempo, ¿cómo se reparte el espacio en la red para que entren nuevos parques renovables sin atascar inversiones ni retrasar generación limpia? El Gobierno quiere evitar ese efecto de tapón.
Cataluña pesa mucho en la negociación porque tres reactores cubren el 60% de su demanda
Junts, ERC y el PSC han recibido del Gobierno la intención de ampliar la vida útil de todos los reactores atómicos españoles tras el informe favorable sobre Almaraz. No extraña que el asunto tenga una lectura catalana muy marcada, porque allí el calendario de cierre afectaba a Ascó I en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellòs II en 2035.
Esos tres reactores cubren el 60% de la demanda energética de Cataluña, una proporción que explica el peso político de la negociación con Carles Puigdemont, líder de Junts, Oriol Junqueras, líder de ERC, y Salvador Illa, al frente de la Generalitat por el PSC.
Sánchez ha trasladado a esos socios un compromiso de viva voz, sin documento físico de por medio, para aprobar la ampliación de la vida útil de todas las centrales si cumplen las condiciones fijadas por el Ministerio. La fórmula verbal da margen político, pero el reloj administrativo corre igual.
Entre tanto ruido político, incluso con jornadas informativas dominadas por hechos ajenos al sistema eléctrico como el paso de más de 70.000 personas por la frontera de Marruecos a Ceuta el jueves anterior a conocerse este giro, el dato decisivo sigue siendo otro. El Ministerio tiene hasta mediados de septiembre para decidir sobre Almaraz y esa orden puede alterar un calendario de cierres nucleares fijado para todo el periodo entre 2027 y 2035.