El Gobierno de Canarias ha iniciado un proceso de revisión de subvenciones públicas destinadas a la compra de vehículos y a la instalación de puntos de recarga.
La administración autonómica ha contactado con 13.500 beneficiarios que recibieron ayudas para que aporten la documentación necesaria que acredite el uso correcto de esos fondos.
Cierre de expedientes bajo al aviso de pérdida de las ayudas
El objetivo es cerrar expedientes vinculados principalmente al programa MOVES III, financiado con fondos europeos y diseñado para impulsar la movilidad eléctrica. Estas ayudas cubren tanto la adquisición de vehículos eléctricos o de pila de combustible como la instalación de infraestructuras de recarga en viviendas, empresas o aparcamientos.
Para validar definitivamente la subvención, los beneficiarios deben aportar distintos documentos, entre ellos facturas de compra, justificantes de pago, certificados de instalación de cargadores o acreditaciones de achatarramiento del vehículo antiguo cuando esta condición formaba parte del incentivo.
Desde la administración autonómica advierten de que la presentación de estos documentos no es un trámite menor. Si los beneficiarios no justifican correctamente el destino de la ayuda dentro de los plazos establecidos, podrían perder el derecho a la subvención o incluso verse obligados a devolver el dinero recibido.
El elevado número de requerimientos responde al gran volumen de expedientes generados en los últimos años con estos programas de ayudas. Según datos del propio Gobierno regional, en Canarias existen cerca de 22.000 expedientes concedidos vinculados a los programas MOVES III y autoconsumo, de los que aproximadamente un 30 % ya han sido abonados, mientras que el resto permanecen pendientes de justificación administrativa.
Estas subvenciones forman parte de la estrategia estatal y europea para acelerar la transición energética y reducir las emisiones del transporte. El Plan MOVES III permite financiar la compra de vehículos eléctricos con ayudas que pueden alcanzar varios miles de euros, dependiendo del modelo adquirido y de si se entrega o no un vehículo antiguo para su achatarramiento.
La instalación de puntos de recarga también puede recibir subvenciones relevantes, tanto para particulares como para empresas o comunidades de propietarios, con el objetivo de ampliar la infraestructura de carga y facilitar la adopción del coche eléctrico.
El interés por estas ayudas ha sido notable en el archipiélago. De hecho, las solicitudes del programa han llegado a superar el 105 % del presupuesto disponible, lo que ha generado listas de espera y la necesidad de ampliaciones de financiación a nivel nacional.
Este fuerte incremento de la demanda refleja hasta qué punto las subvenciones públicas están influyendo en la renovación del parque automovilístico. En regiones como Canarias, donde la renta media es menor que en otras comunidades y el parque de vehículos presenta una elevada antigüedad, las ayudas pueden resultar decisivas para que muchas familias opten por vehículos electrificados.
La revisión masiva de expedientes responde también a las exigencias de control vinculadas a los fondos europeos Next Generation, que obligan a las administraciones a verificar de forma detallada que cada euro concedido se ha destinado al fin previsto.
Para facilitar el proceso, el Gobierno autonómico ha puesto a disposición de los ciudadanos las Oficinas de Energía de Canarias, que ofrecen asesoramiento sobre cómo completar correctamente la documentación requerida y evitar problemas en la tramitación de los expedientes.
¿Y en el resto de España?
Sin embargo, el caso de Canarias plantea una cuestión más amplia sobre el funcionamiento del sistema de ayudas en España. La mayor parte de los incentivos para la movilidad eléctrica se gestionan mediante programas estatales como el MOVES, pero su tramitación, control y pago depende en gran medida de las comunidades autónomas.
Eso significa que miles de expedientes similares están abiertos en distintos territorios del país, todos ellos sujetos a procesos de verificación administrativa muy similares. Con volúmenes de solicitudes que en algunos casos han superado los presupuestos disponibles y con miles de beneficiarios pendientes de justificar las ayudas, no sería extraño que otras administraciones autonómicas tengan que realizar revisiones masivas de expedientes en los próximos años.
En otras palabras, lo ocurrido en Canarias podría no ser un caso aislado. A medida que las ayudas a la electrificación del transporte crecen y se multiplican los expedientes financiados con fondos europeos, también aumenta la necesidad de controlar que cada subvención concedida cumple estrictamente con los requisitos establecidos. Y eso puede traducirse en nuevos requerimientos administrativos a miles de beneficiarios en otras regiones de España.