Japón ha iniciado una ofensiva diplomática para evitar que sus coches eléctricos pierdan el acceso a determinadas ayudas públicas en Europa, una situación que podría perjudicar a fabricantes como Toyota, Nissan, Honda y Mazda si finalmente prosperan las nuevas condiciones que estudia la Unión Europea para favorecer a los vehículos producidos dentro de su territorio.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aprovechará la reunión prevista para el próximo 28 de octubre en Tokio con el canciller alemán, Friedrich Merz, para solicitar una modificación del acuerdo alcanzado entre Francia y Alemania, según ha adelantado el diario Seoul Economic Daily, con el objetivo de que los automóviles fabricados en Japón puedan beneficiarse de las mismas condiciones que los considerados europeos.
Francia y Alemania quieren endurecer los requisitos para acceder a las ayudas europeas
El origen del conflicto se encuentra en el acuerdo anunciado el pasado 16 de octubre por París y Berlín, mediante el cual ambos gobiernos pretenden reforzar la fabricación de vehículos eléctricos dentro de Europa y reducir la dependencia de proveedores extranjeros, especialmente de China, aunque las condiciones que plantean también dejarían en una situación desfavorable a países como Japón, Corea del Sur y Turquía.
De acuerdo con los documentos conocidos por distintos medios europeos, el planteamiento franco-alemán contempla que, a partir de 2028, los vehículos beneficiarios de determinados incentivos públicos deban cumplir una serie de exigencias industriales, entre ellas que al menos el 70 % del valor de sus componentes, excluida la batería, tenga origen europeo, además de incorporar un mínimo del 10 % de contenido europeo en esta última y ajustarse a los requisitos territoriales de ensamblaje.
La principal diferencia respecto a otras propuestas comunitarias estaría en los países admitidos dentro de esta consideración, puesto que Francia y Alemania quieren limitarla fundamentalmente a los 27 Estados miembros y permitir la incorporación de determinados socios europeos, como Reino Unido, Noruega, Islandia o Suiza, siempre que acepten condiciones de reciprocidad y mecanismos para impedir que fabricantes de terceros países eludan las restricciones.
Japón reclama que sus fabricantes reciban el mismo trato que los europeos
La postura franco-alemana contrasta con algunos aspectos de la Ley de Aceleración Industrial presentada por la Comisión Europea el 4 de marzo de 2026, cuyo objetivo es impulsar la producción comunitaria mediante requisitos de origen en las compras públicas y determinados programas de incentivos, ya que su propuesta contempla que el contenido procedente de países con acuerdos comerciales específicos pueda recibir un tratamiento equivalente al europeo en determinados supuestos.
Sin embargo, esa posibilidad no elimina todas las restricciones para los fabricantes japoneses, dado que el anexo III del proyecto exige que los vehículos eléctricos, híbridos enchufables y de pila de combustible se ensamblen en la Unión Europea y cumplan el mencionado porcentaje del 70 % de contenido local, además de establecer otras condiciones relacionadas con las baterías, la propulsión eléctrica y los sistemas electrónicos.
El Gobierno japonés considera que estas limitaciones pueden perjudicar las relaciones comerciales con Europa pese al acuerdo de asociación económica vigente desde febrero de 2019, una preocupación que el ministro de Economía, Comercio e Industria, Ryosei Akazawa, trasladó públicamente el pasado 20 de octubre al anunciar que reclamaría una revisión del planteamiento europeo, aunque Tokio reconoce que modificar directamente el pacto entre Francia y Alemania será complicado.
En este escenario, las autoridades japonesas pretenden trasladar sus reivindicaciones a las negociaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo, una posición que también ha defendido Toyota al reclamar una interpretación más amplia del concepto de fabricación europea que tenga en cuenta a los socios comerciales del continente, mientras que el resultado seguirá dependiendo de un procedimiento legislativo todavía abierto que deberá determinar qué vehículos podrán acceder finalmente a las ventajas públicas previstas.