La batalla judicial en torno a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid suma un nuevo capítulo. Una magistrada del Tribunal de Instancia de Madrid ha dictado una resolución que obliga al Ayuntamiento a extender la anulación de las multas derivadas de las ZBE a todas las sanciones que aún no cuenten con una sentencia firme, con independencia del lugar donde se impusieran.
La decisión contradice la interpretación que venía aplicando el Consistorio, que limitaba los efectos de la nulidad únicamente a las multas correspondientes a las zonas de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica.
La resolución afecta a todas las sanciones pendientes
El auto judicial responde a un recurso presentado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de una conductora sancionada fuera de las áreas de especial protección.
Según recoge la resolución, la declaración de nulidad de la ordenanza que regulaba las ZBE afecta a todas las sanciones relacionadas con estas restricciones siempre que no exista una resolución judicial firme.
Esto significa que el alcance de la sentencia va más allá de las zonas inicialmente reconocidas por el Ayuntamiento y podría extenderse al conjunto de las multas impuestas bajo la normativa anulada.
Más de 3,5 millones de multas, en 'el aire'
El impacto económico de esta interpretación judicial puede ser muy elevado.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por AEA, la medida podría afectar a más de 3,5 millones de expedientes sancionadores tramitados desde diciembre de 2021 hasta la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad, el pasado 6 de abril.
El importe conjunto de estas sanciones rondaría los 700 millones de euros, convirtiéndose en uno de los mayores procesos de revisión de multas de tráfico registrados en España.
El Ayuntamiento mantenía los procedimientos de cobro
La resolución llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarara nula la anterior ordenanza de las Zonas de Bajas Emisiones, una decisión que adquirió firmeza tras la inadmisión del recurso presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo.
Pese a ello, Automovilistas Europeos Asociados sostiene que el Consistorio ha continuado con los procedimientos de recaudación de numerosas sanciones, incluyendo expedientes de apremio, recargos e incluso embargos.
La organización considera que mantener estos procedimientos resulta incompatible con la nulidad ya declarada por los tribunales y ha advertido de que solicitará la ejecución forzosa de la sentencia si no se paralizan los cobros.
Qué ocurre con las multas ya pagadas
La nueva resolución se refiere a las sanciones que todavía no cuentan con una sentencia firme, por lo que su alcance dependerá de la situación administrativa o judicial de cada expediente.
Los expertos recuerdan que cada caso deberá analizarse de forma individual, especialmente cuando las multas ya hayan sido abonadas o existan resoluciones firmes que impidan su revisión.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid deberá decidir cómo aplica este nuevo criterio judicial y qué consecuencias tendrá sobre los millones de expedientes que todavía permanecen abiertos.