El Plan Social para el Clima movilizará 9.099 millones de euros entre 2026 y 2032, de los cuales 4.376 millones -el 48%- se destinarán al transporte por carretera. Para los transportistas autónomos es una noticia esperada. Hace más de dos años que no hay ayudas para comprar camiones eléctricos: desde que terminó el programa Moves Mitma.
La partida central es la descarbonización del transporte por carretera, con 2.269,6 millones. De ellos, 846,2 millones irán a renovar flotas de vehículos pesados por eléctricos en microempresas vulnerables -menos de diez empleados y una facturación o balance inferior a dos millones de euros-. Contará con ayudas de hasta el 100% del sobrecoste y achatarramiento de los vehículos anteriores a 2020.
Otros 642 millones se reservan a vehículos eléctricos ligeros de autónomos y microempresas. Se suman, además, 381,4 millones para electrificar flotas de transporte público urbano y 400 millones para puntos de recarga en las instalaciones de las propias empresas.
El primer problema es jurídico, no técnico
El Plan Social para el Clima no es una decisión voluntaria del Gobierno: cuelga del Fondo Social para el Clima, creado para compensar el impacto del ETS2, el nuevo régimen europeo de comercio de emisiones para el transporte por carretera y los edificios.
El 75% del presupuesto procede de ese fondo, que se nutre de la venta de derechos de emisión, y el 25% restante lo aportan los Presupuestos españoles. Y las orientaciones de la Comisión Europea son claras: si el ETS2 no se transpone, el plan no cumple el requisito de pertinencia ni se ajusta al objetivo del fondo.
Aquí está el nudo. La transposición de la directiva sigue sin completarse en el Congreso, donde grupos parlamentarios han presentado enmiendas contra la norma. Todo ello con un plan que debía haberse presentado a Bruselas en junio de 2025 y que el Gobierno pretende remitir antes de que acabe 2026.
El ETS2 se ha aplazado a 2028, pero el fondo arrancó el 1 de enero de 2026, con el fin de facilitar la introducción del mecanismo. Si no hay ley, no hay dinero.
El segundo problema es la infraestructura
En transporte pesado, la recarga debe llegar antes que la flota, no después. Una microempresa con un camión eléctrico puede cargar de noche en su base, y para eso están los 400 millones.
Pero cuando sale de su radio habitual necesita una red pública de alta potencia en los corredores, y las paradas obligatorias de descanso de 4,5 horas son la ventana natural para recargar. Si las ayudas a las flotas avanzan más rápido que el despliegue de esa red, que exige el Reglamento AFIR, habrá camiones subvencionados sin dónde cargar.
Así que, tenemos tres exigencias para que el plan funcione: transponer el ETS2 sin más dilación, sincronizar las ayudas a flotas con el calendario de recarga pública en corredores y diseñar el pago, de modo que el beneficiario no financie la transición con su propio bolsillo.