El Gobierno de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, quiere ampliar el impuesto sobre la afección medioambiental a las instalaciones fotovoltaicas de más de cinco hectáreas. La reforma figura en el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2027 y, según el texto, establecería cuotas de entre 600 y 2.000 euros por hectárea.
Orka Energía calcula que el impacto potencial del cambio fiscal podría elevarse hasta 40,42 millones de euros anuales, sumando plantas operativas y proyectos todavía en desarrollo. La consultora sostiene que el nuevo gravamen añadiría un coste recurrente ligado al terreno ocupado, en un momento en que caen los ingresos que obtiene la generación solar en el mercado.
137 plantas en funcionamiento quedarían sujetas al impuesto
La consultora cifra en 137 los proyectos fotovoltaicos en operación con más de 3 MW que quedarían sujetos al impuesto. Estas instalaciones ocupan 9.897 hectáreas y afrontarían un coste conjunto estimado de 11,4 millones de euros al año.
Orka Energía ha elaborado sus cálculos a partir de datos públicos de proyectos operativos y en tramitación en Castilla y León. El análisis toma como universo las instalaciones de más de 3 MW, mientras que el proyecto presupuestario fija el hecho imponible por superficie y excluye las plantas que no superen cinco hectáreas.
La potencia no determinaría la cuota, que dependería del terreno ocupado por cada instalación. En el bloque de proyectos que aún están en desarrollo, Castilla y León tramita 371 iniciativas que suman 12,7 GW de potencia y ocuparían más de 25.511 hectáreas. La información disponible atribuye a esas instalaciones más de tres hectáreas, aunque el umbral recogido en la propuesta fiscal comienza por encima de cinco hectáreas.
Para ese conjunto, Orka Energía estima una recaudación anual de 29 millones de euros. La cifra corresponde a instalaciones que todavía no han entrado en operación y no implica que hayan comenzado las obras.
Entre los promotores incluidos en el análisis figuran Iberdrola, Naturgy, Solaria, Ignis, Elawan, FRV y Cobra. La eventual aprobación del impuesto incorporaría un nuevo coste recurrente a proyectos que aún deben completar su tramitación.
El Gobierno lo vincula a los costes territoriales
El Ejecutivo autonómico presenta la modificación como una adaptación del tributo a nuevas actividades que generan costes sociales y medioambientales en el territorio. No obstante, la propuesta no cuantifica esos costes ni detalla su correspondencia con las cuotas previstas para cada hectárea.
Actualmente, el impuesto sobre la afección medioambiental ya grava las centrales hidroeléctricas y las plantas eólicas. La ampliación trasladaría el mismo instrumento tributario a los grandes parques solares rurales que excedan la superficie fijada en el proyecto presupuestario.
Castilla y León ocupa el cuarto puesto entre las comunidades autónomas con más potencia fotovoltaica instalada, por detrás de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.
La recaudación se concentraría en Valladolid, León y Palencia
El reparto provincial sitúa la mayor recaudación estimada en Valladolid, con 12,1 millones de euros anuales. León aportaría 6,9 millones y Palencia otros 6,2 millones, de acuerdo con el cálculo realizado a partir del terreno ocupado por las instalaciones.
Las diferencias también aparecen al comparar el pago medio de cada planta. Una instalación situada en Valladolid abonaría 67.258 euros al año, frente a los 114.042 euros calculados para cada proyecto de León y los 84.840 euros correspondientes a Palencia.
El tamaño de las plantas, y no solo su número, condicionaría así la factura fiscal de cada provincia. Segovia registraría el mayor pago medio por instalación, con una cuota media anual de 119.000 euros si la reforma entra en vigor.
Menos ingresos por la solar y más horas a precios cero
La propuesta llega con una reducción del precio obtenido por la generación fotovoltaica. Los datos de la Unión Española Fotovoltaica recogen que la energía solar capturó una media de 29,68 euros/MWh durante el primer semestre, frente a 36,39 euros/MWh en el mismo periodo de 2025.
Dos años antes, el precio medio capturado alcanzaba 42,28 euros/MWh. La diferencia entre ambas cifras es de 12,60 euros/MWh, mientras que el eventual impuesto añadiría un coste anual calculado en función de la superficie, con independencia del precio obtenido por la electricidad vendida.
Hasta septiembre, la Unión Española Fotovoltaica contabilizó más de 900 horas con precios cero o negativos. El registro supera en un 12% todas las horas anotadas durante 2025 y en un 29% las de 2024.