Sabemos que los camiones son el medio de transporte que más kilómetros recorre al año, pudiendo atravesar varios países europeos en un solo día. En el camino hacia la electrificación de los vehículos que recorren nuestras carreteras, se abre el melón de la electrificación del transporte pesado.
En cuanto se electrifique este medio de transporte de mercancías, bajarán drásticamente las emisiones de CO2 del sector servicios. Es por eso, que esta batalla no solo se libra entre las empresas que compiten entre sí para ofrecer el mejor y más amplio servicio de puntos de recarga durante el viaje, sino que se decide también en la normativa. Los estados miembros deben regular sobre la distribución correcta y eficiente de estos puntos, para impulsar la electrificación del transporte pesado.
Las organizaciones ambientales y patronales del sector hemos propuesto formalmente una solución: que los e-credits se apliquen al transporte pesado por carretera. Pero… ¿qué es el e-credit? Un e-credit es un certificado que se le otorga a un actor por cada unidad de energía limpia que introduce en el sistema o por haber evitado cierta cantidad de CO₂ (por ejemplo, los operadores de puntos de carga que proveen electricidad limpia a vehículos eléctricos).
Esos créditos se los pueden vender a empresas que están obligadas a cumplir metas concretas de energía renovable. Gracias a este sistema, una petrolera puede comprar los e-credits -necesarios para alcanzar sus metas de descarbonización- a los operadores de recarga, que son los que más e-credits adquieren debido a su actividad principal.
Este mecanismo económico, derivado de la Directiva Europea de Energías Renovables, RED III, limita la generación de estos créditos principalmente a los puntos de recarga públicos de las gasolineras. La razón es puramente administrativa: medir e inspeccionar postes en la vía pública o electrolineras resulta más sencillo.
Sin embargo, esta limitación crea un agravio comparativo gigantesco para el transporte pesado: más del 80% de la recarga del camión eléctrico no ocurre en la carretera, sino en las bases logísticas privadas, durante la noche o en los tiempos de carga y descarga.
Por eso, si la normativa restringe los e-credits solo a puntos públicos, un camión cargado en la nave del transportista quedará excluido del beneficio del sistema de descarbonización.
Y en esta batalla normativa, las organizaciones y patronales buscamos incluir las cocheras privadas, las bases logísticas y las comunidades de vecinos en la nueva redacción del Real Decreto que trasponga la normativa europea en España. Exigimos la inclusión total de los puntos de recarga privados por varias razones:
- La adquisición de un camión eléctrico sigue siendo sensiblemente más cara que comprar uno diésel. Monetizar la energía de la propia base mediante e-credits permite recortar los años necesarios para amortizar la inversión, es decir, se podrá reducir el Coste Total de Propiedad.
- Excluir las bases privadas penaliza a las PYMEs logísticas que hacen un esfuerzo inversor en electrificar sus propias cocheras.
- Aplicar este esquema a garajes comunitarios o de empresa abre la puerta a que los agregadores energéticos certifiquen la carga de particulares. De esta manera redistribuyen parte de ese ingreso comercial al usuario final en forma de descuentos en la factura eléctrica.
Mientras, el Reglamento europeo AFIR impone la obligación legal de instalar megacargadores públicos cada 60-120 km en las autovías europeas. Los e-credits son el motor económico que hace viable esa transición.
Uno de los frenos históricos de la administración era el miedo al fraude en contadores domésticos o privados. Sin embargo, el sector defiende que hoy está técnicamente superado. Por un lado, la infraestructura actual permite certificar de forma inalterable el consumo de kWh dedicado exclusivamente al vehículo. Por otro, el particular o la pequeña empresa de camiones no necesita ir a negociar con una petrolera. Un agregador agrupa miles de puntos privados y comercializa el paquete de e-credits a escala.
Por tanto, el redactado final de la normativa en España marcará un antes y un después. Si se consolida un modelo abierto que reconozca la recarga privada vinculada, España no solo acelerará la descarbonización de sus flotas de mercancías, sino que convertirá la logística y la infraestructura de recarga privada en un activo financiero verdaderamente rentable.