Inglaterra acaba de eliminar una de las barreras administrativas que dificultaban cargar un coche eléctrico en casa cuando se aparca en la calle. Desde el 21 de octubre de 2026, los propietarios pueden instalar determinadas canalizaciones protegidas que atraviesan la acera sin solicitar un permiso urbanístico adicional. El Gobierno británico calcula que esta modificación puede ahorrar hasta 300 libras, unos 345 euros, y facilitar el acceso a tarifas eléctricas domésticas incluso a quienes no disponen de plaza de aparcamiento privada. Sin embargo, las instalaciones siguen necesitando autorización de la autoridad responsable de la vía pública.
Cargar el coche eléctrico en la calle como si estuviera en un garaje
La medida aborda uno de los grandes problemas de la movilidad eléctrica: la imposibilidad de instalar un cargador doméstico cuando el vehículo duerme en la vía pública.
La solución consiste en incorporar a la acera una pequeña canalización por la que puede pasar el cable de recarga desde la vivienda hasta el automóvil. De esta manera, el conductor puede utilizar su suministro eléctrico sin dejar cables sueltos sobre el espacio reservado a los peatones.
Hasta ahora, estas instalaciones podían requerir una autorización urbanística específica. La nueva normativa inglesa permite realizarlas bajo determinadas condiciones sin tramitar ese permiso adicional.
El ahorro estimado por el Ejecutivo alcanza las 300 libras, aproximadamente 345 euros, aunque dependerá de cada instalación. Además, el Gobierno señala que la electricidad doméstica puede permitir costes de utilización de apenas dos peniques por milla, una cifra equivalente a unos 1,4 céntimos de euro por kilómetro.
No significa que cualquiera pueda abrir una acera
La modificación tiene una limitación importante. Eliminar el permiso urbanístico no significa que los particulares puedan modificar libremente la vía pública.
Las instalaciones deben contar con la autorización de la autoridad competente sobre la carretera o acera. Además, la exención urbanística contempla sistemas instalados por dicha autoridad, en su nombre o con su autorización.
Tampoco se aplica indiscriminadamente: quedan excluidos determinados espacios protegidos, como las áreas de conservación y los entornos de edificios catalogados.
El objetivo es agilizar el procedimiento sin comprometer la accesibilidad ni la seguridad de los peatones.
Una solución que también podría interesar a España
La iniciativa llega en un momento de crecimiento del automóvil eléctrico británico. Según las cifras difundidas por el Gobierno, las ventas aumentaron un 36% interanual en septiembre de 2026.
La asociación británica EVA England señala, además, que el 60% de los conductores de vehículos de combustión sin aparcamiento privado nunca se plantearía comprar un eléctrico.
En España, donde numerosos conductores estacionan habitualmente en la calle, una solución semejante podría reducir la dependencia de los cargadores públicos y sus tarifas.
No obstante, la normativa aprobada solo afecta a Inglaterra, no automáticamente a Escocia, Gales o Irlanda del Norte, y tampoco supone ningún cambio legislativo español.
Su importancia reside en demostrar que facilitar la transición eléctrica no depende exclusivamente de instalar más cargadores rápidos: también exige resolver cómo recargar a precios domésticos cuando no se dispone de garaje.