Aragón se ha convertido en uno de los lugares donde mejor se ve una contradicción cada vez más incómoda. La digitalización pide más electricidad, más suelo y más agua justo cuando la transición energética intenta reducir emisiones sin repetir viejos desequilibrios territoriales. Y ahí, alrededor de los centros de datos, el debate ya no gira solo en torno a megavatios, también alrededor de quién asume el coste ambiental de alimentarlos.
El colectivo 'No es sequía, es saqueo' carga contra la propuesta de regulación del Gobierno para este sector porque la considera tardía, insuficiente y arriesgada. Su crítica va al corazón del problema. A su juicio, la norma llega cuando buena parte de los proyectos ya han conseguido permisos y deja abierta la puerta a que sigan apareciendo macrocentros de datos sin una ordenación real.
Aragón afronta una presión energética que ya se mide en suelo
Hay un dato que cambia por completo la escala del debate. El estudio de la Universidad de Zaragoza titulado “El dilema de la transición verde y la transición digital” indica que implantar 8 GW en centros de datos, los anunciados por Jorge Azcón, exigiría cubrir entre un 29% y un 39% de la superficie de Aragón con energías renovables.
No es una discusión menor. Cuando una demanda eléctrica obliga a mirar de ese modo al territorio, la pregunta deja de ser cuánta potencia puede conectarse y pasa a ser qué paisaje, qué municipios y qué usos del suelo quedan subordinados a ese consumo.
"La propuesta de regulación de centros de datos del Gobierno del Estado español llega tarde, cuando ya han conseguido permisos la mayoría de ellos. Es poco ambiciosa porque no ordena el sector, permitiendo que sigan surgiendo macrocentros de datos sin control. Y finalmente peligrosa, porque será el caldo de cultivo para una nueva ola de megaproyectos de renovables" - Colectivo 'No es sequía, es saqueo'
La tensión crece porque el Real Decreto no parte, en opinión del colectivo, del PNIEC y de la planificación eléctrica para decidir qué permisos deben priorizarse por interés general. Su lectura es justamente la contraria. Ven un incentivo a la proliferación de parques renovables sin planificación, una fórmula que en Aragón ya ha dejado rechazo social en muchos pueblos.
El Real Decreto vincula más centros de datos con más parques renovables
Detrás de esa crítica aparece otro elemento decisivo. El colectivo sostiene que el Real Decreto obliga a los centros de datos a asociarse con proyectos de parques renovables adicionales a los ya existentes. Dicho de otra forma, la regulación no frenaría la demanda, sino que podría empujar todavía más la ocupación de suelo para alimentar ese nuevo consumo eléctrico.
Ahí aparece una de las frases más duras de la protesta social. Para No es sequía, es saqueo, la norma traslada un problema de escasez de energía hacia un problema de escasez de suelo. En una comunidad donde el despliegue renovable ya provoca choques locales, el matiz importa mucho.
"Esto es así porque el Real Decreto obliga a los centros de datos a asociarse con proyectos de parques renovables adicionales a los ya existentes. Todo un balón de oxígeno a empresas como Forestalia, que continuará siendo la primera de la fila en conseguir los permisos para luego venderlos, como ha hecho con su centro de datos Búfalo"
El colectivo añade que la norma no limita el crecimiento del sector. A su entender, lo apuntala sobre otro foco de conflicto, el de la expansión de renovables sin control territorial suficiente. La discusión, por tanto, no enfrenta digitalización frente a descarbonización, sino dos modelos de ordenar recursos escasos.
El agua entra en la ecuación y agrava el conflicto territorial
Además de la electricidad, los centros de datos añaden otra presión que en España ya resulta imposible tratar como secundaria. 'No es sequía, es saqueo' advierte de consumos relevantes y prioritarios de agua en un contexto de estrés hídrico. Cuando una instalación tecnológica compite por agua con usos agrarios, urbanos o ecológicos, la factura ya no se mide solo en la cuenta de la luz.
También menciona otros impactos que la regulación no resolvería, entre ellos el ruido, la carga económica y ambiental para los municipios y el efecto isla de calor. Son factores menos visibles que la potencia eléctrica contratada, pero mucho más inmediatos para quienes viven junto a estos proyectos.
Más aún, el colectivo sostiene que en Aragón más de la mitad de los proyectos ya tienen permiso de conexión a la red eléctrica. Si eso es así, el margen de maniobra del Real Decreto sería limitado desde el primer día, porque no frenaría los expedientes que ya han pasado ese filtro clave.
La oposición vecinal ya ha frenado proyectos fuera de España
La experiencia internacional muestra que esta contestación social no es un fenómeno aislado. En Estados Unidos, la resistencia ciudadana ha logrado parar cientos de proyectos de centros de datos y ha presionado a 150 municipios y a estados como Nueva York o Maine para aprobar moratorias.
Ese precedente ayuda a entender por qué el debate aragonés va más allá de una batalla local. No se discute solo dónde colocar naves y subestaciones. Se discute si la demanda asociada a la IA y a los grandes centros de procesamiento puede crecer sin un límite claro en territorios que ya soportan tensión hídrica, presión sobre el suelo y nuevas infraestructuras energéticas.
"Sólo la movilización social podrá paralizar la construcción de centros de datos, ahuyentando a los promotores y retrasando los proyectos hasta que pinche la burbuja de la Inteligencia Artificial"
La paradoja queda resumida en una sola cifra. Si 8 GW de centros de datos obligan a destinar entre un 29% y un 39% de la superficie de Aragón a energías renovables, la discusión sobre la economía digital deja de ser abstracta y aterriza en algo muy concreto, cuánta tierra, cuánta agua y cuánta prioridad pública puede absorber un clic en la nube.