El Gobierno ha terminado de revisar la normativa que establecerá las condiciones para instalar y poner en marcha centros de datos en España, y la principal novedad es que permitirá a algunas de estas instalaciones reducir temporalmente del 80 % al 60 % el porcentaje de electricidad procedente de energías renovables que deben utilizar durante las horas de mayor consumo.
Este cambio se ha introducido después de recibir más de 600 propuestas y reclamaciones de distintos sectores y de estudiar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Ministerio para la Transición Ecológica ya ha enviado el nuevo texto al Consejo de Estado, el paso previo a su aprobación definitiva.
Un cumplimiento más flexible hasta 2031
La norma establece que los centros de datos deberán cubrir, como regla general, al menos el 80 % de su consumo eléctrico con energía renovable. Sin embargo, aquellos que no puedan cumplir este requisito desde el principio tendrán la posibilidad de adaptarse poco a poco hasta 2031.
El calendario será el siguiente:
- Hasta finales de 2028, deberán utilizar al menos un 60 % de energía renovable durante las horas de mayor demanda eléctrica.
- A partir de 2029, ese porcentaje subirá al 70 % durante las horas punta y también se exigirá durante las horas de consumo intermedio.
- El objetivo general seguirá siendo alcanzar el 80 % de suministro renovable.
Esta flexibilidad tendrá una condición importante: los centros de datos que se acojan a ella deberán aceptar que Red Eléctrica pueda reducir o incluso cortar temporalmente su suministro eléctrico cuando sea necesario para evitar problemas en la red.
Además, no recibirán ninguna compensación económica por esos cortes. De esta manera, el Gobierno pretende que el elevado consumo de electricidad de estas instalaciones no perjudique al resto de consumidores, como los hogares y las empresas.
Más facilidades para acreditar el uso de energías renovables
El nuevo borrador también introduce cambios sobre cómo los centros de datos pueden demostrar que utilizan electricidad limpia. Por un lado, amplía de 18 a 36 meses la antigüedad máxima de algunas instalaciones renovables que pueden utilizarse para justificar ese suministro. En el caso de la energía solar, se abre una posibilidad adicional: podrán contabilizarse instalaciones fotovoltaicas que ya estén funcionando, independientemente de cuándo se pusieran en marcha, siempre que su producción no esté comprometida mediante contratos a largo plazo con otros compradores.
También se reduce de 10 a 6 años la duración mínima de los contratos de compra de electricidad renovable a largo plazo, conocidos como PPA. Además, la normativa reconoce expresamente el uso de baterías para almacenar energía. Con estos cambios, los centros de datos tendrán más opciones para demostrar que utilizan electricidad procedente de fuentes renovables.
Otra de las modificaciones importantes afecta al tamaño de las instalaciones que tendrán que cumplir las principales exigencias de la normativa. El límite de potencia a partir del cual se aplicarán estas obligaciones pasa de uno a diez megavatios. Esto significa que los centros de datos más pequeños podrían quedar fuera de gran parte de los requisitos establecidos en el decreto. También se adaptan algunos criterios de eficiencia energética al clima de cada zona, aunque se mantienen las exigencias más estrictas relacionadas con el consumo de agua.
Los cambios se han llevado a cabo después de que distintas asociaciones del sector tecnológico y energético advirtieran de que unas condiciones demasiado exigentes podían encarecer los proyectos y hacer que España resultara menos atractiva para las empresas que quieren construir centros de datos. Por su parte, el Gobierno defiende que es necesario regular estas instalaciones porque consumen grandes cantidades de electricidad y agua, y su crecimiento debe organizarse para evitar problemas de abastecimiento.