La Unión Europea está buscando maneras de potenciar la industria del automóvil local y uno de sus pilares se centra en los coches eléctricos, concretamente en que muchos de sus componentes, especialmente las baterías, estén fabricados en territorio europeo. El problema es que, según un análisis reciente de Bruegel, estas exigencias podrían elevar de media unos 2.100 euros el coste de producción de un modelo eléctrico convencional.
La cifra deriva del coste de las celdas de batería, porque, según el informe, su fabricación europea elevaría el coste estimado de las mismas desde los 50 euros por kWh hasta los 85 euros por kWh. Para una batería de 60 kWh, una capacidad representativa de un turismo eléctrico, la diferencia de 35 euros por kWh se traduce en aproximadamente 2.100 euros adicionales por vehículo.
Parte del Industrial Accelerator Act
La exigencia de tener contenido europeo forma parte del Industrial Accelerator Act, una propuesta presentada por la Comisión Europea en marzo de 2026 y que todavía está en proceso de negociación. Sus condiciones no afectarían a todos los coches eléctricos vendidos en la Unión Europea, sino principalmente a los vehículos que quieran acceder a determinados mecanismos de apoyo público, como subvenciones a la compra (véase el Plan Auto+) o incentivos destinados a vehículos de empresa.
Para que un vehículo pueda beneficiarse de estos mecanismos, la propuesta establece que el ensamblaje final se realice en la Unión Europea y que al menos el 70 % del valor de sus componentes no relacionados con la batería proceda del bloque comunitario. Además, en el caso de las compras públicas, la batería tendría que incorporar al menos tres componentes principales de origen europeo, entre ellos las celdas. Hay que tener en cuenta que el criterio de origen se determinaría por el lugar de fabricación, no por el de la marca, de manera que las celdas producidas por empresas asiáticas en fábricas situadas en Europa podrían contabilizarse como europeas.
El problema es que los costes añadidos por la producción europea no pararían ahí, si no que habría otros asociados que contribuirían a encarecer todavía más los vehículos eléctricos, como por ejemplo el requisito relacionado con el uso de acero de bajas emisiones, que sumaría unos 200 euros adicionales por vehículo. En el extremo opuesto, la simplificación de las normas de homologación de vehículos calculada por la Comisión Europea permitiría reducir los costes de los fabricantes en más de 700 millones de euros anuales, pero repartidos entre los 11,4 millones de vehículos que se producen cada año en la UE, esta cantidad equivaldría a unos 61 euros por unidad.
Algo que van a acabar pagando los compradores
Todas estas cifran indican un sobrecoste para los fabricantes que no necesariamente tendría que equivaler a una subida idéntica del precio final que pagaría el consumidor. El impacto sobre el precio de venta dependería de cómo se repartiese ese sobrecoste a lo largo de la cadena de producción y comercialización, pero los autores del estudio no se muestran muy optimistas al respecto.
“Los consumidores y los contribuyentes asumirán los costes de este pacto a través de precios de vehículos más elevados, subvenciones a la demanda, subvenciones a la producción y la pérdida de ingresos derivada de una menor presión competitiva sobre las empresas establecidas”, exponen.
Creen que el problema de la Unión Europea es querer hacer demasiado a la vez: “La vía más económica y rápida hacia la electrificación de los vehículos pasa por cadenas de suministro globales competitivas, mientras que la más resiliente pasa por las nacionales. El paquete de medidas para el sector automotriz intenta lograr ambas cosas a la vez, con unos costes que permanecen en gran medida ocultos a la vista”.