La infraestructura de recarga para vehículos eléctricos continúa expadiéndose en España, pero todavía sigue siendo una asignatura pendiente. Tener un número abundante de cargadores y con buenas prestaciones es crucial para proseguir aumentando el número de coches eléctricos del parque nacional. Sin embargo, no se instalan al ritmo deseado y, de los nuevos cargadores instalados, sólo una minoría son rápidos.
Durante el primer trimestre de 2023 se instalaron 2.115 nuevos puntos de carga en España, según recoge el Barómetro de la Electromovilidad de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). Se trata de uno de los mayores crecimientos trimestrales registrados en nuestro país, lo cual es una noticia positiva. Sin embargo, el ritmo de crecimiento es insuficiente para conseguir los objetivos que fabricantes y Administración pública se habían marcado para este año.
Con los más de 2.100 nuevos cargadores instalados en los tres primeros meses del año, hay ya un total de 20.243 puntos de recarga en toda España. Pese al número creciente, el ritmo de crecimiento es insuficiente para alcanzar el objetivo de 45.000 cargadores de acceso público que se había fijado ANFAC en la estrategia 'Fit for 55'.
La brecha es todavía mayor si lo comparamos con los objetivos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia del Gobierno, que establecían entre 80.000 y 100.000 los puntos de recarga de acceso público necesarios para 2023. Una cantidad a todas luces imposible de conseguir. Supondría cuadruplicar la infraestructura existente actualmente en los próximos seis meses.
Hay otra problemática y es que, de los nuevos puntos de carga instalados, la inmensa mayoría son cargadores lentos. De los 2.115 cargadores instalados en el primer trimestre,1.537 son de 22 kW de potencia o menos. Es decir, casi uno de cada cuatro nuevos cargadores (73%) son de baja potencia.
El 21% de los cargadores tiene una potencia comprendida entre 22 y 150 kW y solamente el 2% de los nuevos cargadores instalados este año son 'super rápidos' con una potencia superior a 150 kW. Estos últimos son los únicos capaces de proporcionar tiempos de recarga realmente breves e, idealmente, son los que deberían copar la mayoría de la infraestructura en los corredores principales, autovías y autopistas. Actualmente, sólo hay 801 puntos de recarga de acceso público con una potencia de 150 kilovatios o superior.
Del total de cargadores de muy alta potencia (≥ 250 kW) y acceso público, aproximadamente el 85% responde a proyectos de fabricantes de automóviles. En este sentido, el Barómetro de Electromovilidad de ANFAC señala las dificultades administrativas asociadas al desarrollo de estos proyectos como "una de las barreras más importantes" en la actualidad. El despliegue de infraestructuras de alta potencia no sólo permite tiempos de carga reducidos, acercándose a los de un coche de combustión interna, también son esenciales para los vehículos eléctricos pesados (camiones y autobuses) dedicados al transporte de mercancías y personas.
Las dificultades administrativas para poner en funcionamiento un cargador, tanto por parte de la Administración pública como de las distribuidoras eléctricas, se ven reflejadas en los 6.475 puntos que se encuentran fuera de servicio, ya sea porque todavía no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica o por una avería pendiente de subsanar. Hay varias tareas pendientes que requieren el compromiso de todas las partes, pero, en este caso, las empresas comercializadoras (la propietaria del cargador) a veces se encuentran en un callejón sin salida. Las obras para instalar el cargador llevan de 2 a 3 meses, pero los trámites para ponerlo en funcionamiento al público pueden llevar más de dos años.
