España se sitúa a la cola de los principales países de Europa en número de cargadores para coches eléctricos en toda la región. Según publicaron desde ANFAC hace unos meses, en el primer trimestre de 2025 se instalaron un total de 7.633 nuevos puntos de carga para vehículos ‘cero emisiones’, lo cual supuso crecer un 20% y alcanzar los 46.358 puestos. Sin embargo, pese a este alto número, nuestro país sigue a la cola del resto de regiones de la UE.
El crecimiento en número de cargadores debe de aumentar significativamente para conseguir así equipararse a la propia demanda. En el mismo informe mencionado anteriormente también se especifica que aún existen más de 13.000 puntos de carga que no están operativos en España. Esto, además de ser extraordinariamente llamativo, supone que uno de cada cinco puntos de carga existente no está disponible en estos momentos.
El Gobierno de España pone un límite a los cargadores ‘no operativos’
Que, exactamente, el 22% de la red actual no funcione presenta un gran problema para la movilidad eléctrica de España. Por ende, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto un límite para la disponibilidad de estos. Mediante el Real Decreto-Ley 7/2025 de 24 de junio, se sostienen las ‘medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico’, tal y como adelantan desde el medio elPeriódico.
Las empresas que registren la necesidad de comenzar a operar con sus cargadores eléctricos tendrán un plazo máximo de 80 días para hacerlo efectivo, tanto estas como para la propia Red Eléctrica. Esto supone un gran paso adelante con respecto a lo que se sostiene actualmente, pues el tiempo de espera puede rondar entre uno y tres años, dependiendo de la potencia que obtenga dicho cargador.
En dicho Real Decreto se establece que las distribuidoras tendrán sólo cinco días para conectar el cargador a la Red Eléctrica, siempre y cuando no tengan la necesidad de hacer obras de ampliación. Este margen crece hasta los 30 días en el caso afirmativo de tener que ampliar su red; hasta 60 días si hay que construir un centro de transformación y hasta los ya mencionados 80 días si hubiese con hacer varios centros de transformación.
Si dicho cargador cuenta con igual o menos de 66 kW de potencia, este deberá conectarse a la red de alta tensión, por lo que el periodo establecido también será de 80 días naturales. Para los de potencias más elevadas “se determinará cada caso en función de la importancia de los trabajos a realizar”, apuntan desde esta ley.
Por otro lado, cuando la nueva extensión de red requerida sea llevada a cabo por una empresa instaladora a cargo del solicitante, la compañía eléctrica revisará el proyecto en un plazo máximo de 10 días hábiles para, en caso de precisarlo, hacer las correcciones necesarias. También se establece el mismo periodo para, una vez las obras estén finalizadas, verificar el resultado por la compañía eléctrica contratante.
Finalmente, en la legislación también se establece el eximente para las autorizaciones administrativas gubernamentales previas requeridas hasta ahora. Es decir: las empresas con estaciones ultrarrápidas no tendrá que esperar la autorización del estado para su puesta en marcha, siempre y cuando no sea necesario un reconocimiento general del proyecto.
Con todo ello, el Gobierno espera agilizar significativamente la burocracia para poder empezar a operar los diferentes cargadores eléctricos que a día de hoy existen en España. Si todos los montados a día de hoy estuviesen disponibles actualmente, el número total rozaría los 60.000 puestos.