El Gobierno francés ha exigido a Tesla el cese inmediato de lo que considera “prácticas comerciales engañosas”, tras detectar múltiples irregularidades en su forma de operar en el país. La Dirección General de Competencia, Consumo y Control del Fraude, organismo dependiente del Ministerio de Economía, ha dado a la compañía un plazo de cuatro meses para corregir estas prácticas, bajo la amenaza de una multa de 50.000 euros por cada día de retraso.
La advertencia llega tras una investigación realizada entre 2023 y 2024, en la que las autoridades francesas identificaron diversas infracciones que, según aseguran, perjudican a los consumidores y contravienen la legislación vigente.
Francia ha encontrado varias irregularidades
Entre las principales irregularidades señaladas, se acusa a Tesla de formalizar contratos de compraventa sin incluir elementos clave como la fecha, el plazo o el lugar de entrega del vehículo, así como de no informar adecuadamente sobre las condiciones de financiación mediante crédito. También se denuncia que la empresa habría exigido pagos antes de que expirara el periodo legal de desistimiento, lo cual vulnera los derechos de los compradores que optan por financiación asignada.
Otro de los puntos críticos del informe es la estrategia de marketing de Tesla, que, según las autoridades francesas, induce a error a los consumidores en lo relativo a la conducción autónoma de sus vehículos y a la disponibilidad de ciertas funciones.
Las multas serán altas si no hay buena voluntad por parte de Elon Musk
Asimismo, se señala la falta de información clara sobre los métodos y ubicaciones de entrega, y el incumplimiento en los plazos de reembolso cuando los consumidores ejercen su derecho a desistir de una compra.
El organismo galo ha calificado la situación de “especial gravedad” y advierte que, de no corregirse estas prácticas en el plazo estipulado, Tesla afrontará sanciones económicas considerables.