El escándalo del Dieselgate de Mercedes-Benz suma un nuevo capítulo en Estados Unidos. La compañía alemana ha acordado el pago de 127 millones de euros extra para resolver una demanda presentada por una coalición bipartidista de fiscales generales estatales, que la acusaron de instalar dispositivos ilegales para falsear los resultados de emisiones en cientos de miles de vehículos diésel vendidos en el país.
Según informó la Fiscalía General de Nueva York, Mercedes equipó más de 211.000 automóviles diésel con un software no declarado diseñado para detectar cuándo el vehículo estaba siendo sometido a pruebas oficiales de emisiones. Durante esos tests, los sistemas reducían artificialmente los contaminantes, mientras que en condiciones reales de conducción los niveles de emisiones podían superar entre 30 y 40 veces los límites legales. Algo muy similar a lo que hicieron otros fabricantes de coches, pese a que el más sonado fue el Grupo Volkswagen.
Software ilegal y publicidad engañosa
Las autoridades estadounidenses sostienen que estos sistemas permitieron a Mercedes obtener certificaciones medioambientales que los vehículos no cumplían realmente. Además, la marca habría inducido a error a los consumidores al promocionar sus modelos diésel como “limpios”, “verdes” o de “ultrabajas emisiones”, cuando en la práctica contaminaban muy por encima de lo permitido.
Los vehículos afectados fueron comercializados entre 2008 y 2017 e incluyen versiones de gasóleo de modelos populares como el Mercedes-Benz E350 (fabricados entre 2011 y 2016), así como distintas variantes de los GL, GLE, GLK, ML, Clase R y Clase S. La lista también abarca a la Mercedes Sprinter, uno de los vehículos comerciales más vendidos de la marca.
Detalles del acuerdo con los estados
El último acuerdo establece un pago total de 149 millones dólares (aproximadamente 127 millones de euros). De esa cifra, la mayor parte se destinará directamente a los estados para programas de prevención y mitigación de la contaminación atmosférica.
El importe restante, 25 millones de euros, corresponde a una multa que queda temporalmente suspendida. Mercedes podrá compensar esa cantidad con un crédito de 640 euros por cada vehículo que sea reparado, recomprado o retirado del mercado como parte del programa de corrección de emisiones.
Para incentivar la participación de los propietarios, la compañía deberá ofrecer 1.700 euros dólares a cada cliente que acepte realizar una modificación homologada del sistema de emisiones. Las reclamaciones deberán presentarse antes del 30 de septiembre de 2026, y la empresa se compromete a informar directamente a los afectados mediante comunicaciones oficiales.
Restricciones y seguimiento futuro
Como parte del acuerdo, Mercedes tiene prohibido de vender o alquilar vehículos diésel equipados con estos dispositivos ilegales, así como realizar afirmaciones engañosas sobre el comportamiento ambiental de sus modelos. Además, deberá reportar periódicamente a las autoridades el avance de las reparaciones y retiradas.
Los fiscales explicaron que los vehículos incorporaban múltiples dispositivos de control de emisiones auxiliares (AECD) que activaban un modo especial durante las pruebas oficiales para aparentar cumplimiento normativo, mientras revertían a un modo menos restrictivo en la conducción diaria.
Este nuevo acuerdo se suma a un pacto previo de 1.865 millones de euros alcanzado con el Gobierno federal de Estados Unidos, lo que acerca el cierre definitivo del Dieselgate de Mercedes en ese país. El caso refuerza el impacto duradero del escándalo que sacudió a la industria del automóvil desde 2015 y que sigue teniendo consecuencias económicas y reputacionales millonarias para los grandes fabricantes.