Los impuestos no solo sirven para recaudar fondos públicos, también son una herramienta con la que los gobiernos pueden orientar determinadas decisiones de consumo, como por ejemplo la compra de vehículos. En el caso del automóvil, la fiscalidad es en uno de los instrumentos más importantes para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica. Pero, ¿hasta qué punto los contribuyentes están financiando incentivos para que los conductores opten por un coche eléctrico en lugar de uno de gasolina o diésel?
La respuesta está en la nueva edición de la guía fiscal elaborada por la organización Transport & Environment (T&E), que analiza y compara los sistemas tributarios aplicados al automóvil en 31 países europeos. La publicación incorpora un informe interactivo que permite conocer cuánto paga un vehículo en impuestos a lo largo de su vida útil y qué ventajas fiscales reciben los modelos eléctricos frente a los de combustión.
Usar la fiscalidad para acelerar la transición energética
El estudio examina todos los tributos relacionados con la compra, matriculación, propiedad y uso de un automóvil, tanto para particulares como para empresas. Para ello, utiliza varios perfiles de vehículos representativos de automóviles y calcula la carga fiscal que soportarían en cada país. El resultado permite identificar qué sistemas premian más claramente las opciones de cero emisiones y cuáles siguen favoreciendo, de forma directa o indirecta, a los modelos impulsados por combustibles fósiles.
La importancia de estas políticas fiscales es especialmente relevante en Europa, donde los coches de empresa representan alrededor del 60 % de las matriculaciones de vehículos nuevos. Debido a su elevado peso en el mercado, los incentivos fiscales dirigidos a las flotas corporativas pueden acelerar de manera significativa la electrificación del parque automovilístico. Según T&E, una fiscalidad favorable puede compensar parte del mayor coste inicial que todavía presentan muchos vehículos eléctricos respecto a sus equivalentes de combustión y motivar su adquisición.
Sin embargo, el análisis revela importantes diferencias entre países. Mientras algunos Estados han diseñado sistemas que aplican claramente el principio de “quien contamina paga”, gravando más los vehículos con mayores emisiones de CO2 y ofreciendo ventajas a los eléctricos, otros mantienen esquemas fiscales que apenas distinguen entre tecnologías o que siguen otorgando beneficios considerables a los automóviles de gasolina y diésel.
Una situación desigual entre países
La conclusión inicial es que la mayoría de los sistemas fiscales de la Unión Europea no envían una señal clara a las empresas para que opten por vehículos eléctricos: solo 9 de los 27 Estados miembros ofrecen incentivos fiscales claramente orientados a favorecer esta tecnología, mientras que otros 18 mantienen esquemas tributarios que no impulsan de forma efectiva la electrificación de las flotas corporativas. De ellos, 12 ni siquiera contemplan incentivos específicos.
La situación resulta especialmente relevante porque entre estos países figuran algunos de los mayores mercados automovilísticos europeos, como Alemania, España, Italia y Polonia. Como consecuencia, el 68 % de las matriculaciones de coches compactos de empresa se concentra en países donde la fiscalidad no favorece la compra de vehículos eléctricos y casi la mitad (49 %) se registra en estados que carecen por completo de incentivos fiscales para esta tecnología.
El análisis también concluye que muchos gobiernos europeos siguen sin gravar adecuadamente el consumo de combustible y las emisiones asociadas a los vehículos de empresa. Algunos países, como Francia, Portugal o Eslovenia, aplican una presión fiscal más elevada sobre los coches corporativos de gasolina, reforzando así las señales a favor de alternativas menos contaminantes. En cambio, otros mercados, entre ellos Alemania y Polonia, penalizan de forma insuficiente a los vehículos con mayor consumo de combustible o incluso mantienen ventajas que los benefician.
T&E sostiene que la fiscalidad es una de las palancas más eficaces para impulsar la descarbonización del transporte por carretera, un sector que sigue siendo responsable de una parte muy significativa de las emisiones europeas. La organización considera que los impuestos deben reflejar el impacto ambiental de cada vehículo y favorecer de forma explícita las tecnologías de cero emisiones.