La Unión Europea ha intentado cerrar una de las vías más sensibles para cortar los ingresos energéticos de Moscú: la venta indirecta de productos refinados a partir de crudo ruso. Pero una investigación del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, más conocido como CREA, vuelve a señalar a España como destino de ese tipo de operaciones. Esta vez no a través de Turquía, sino de Georgia.
Según el informe citado, el 26 de enero de 2026, apenas cinco días después de la entrada en vigor del nuevo veto europeo, el puerto georgiano de Kulevi exportó casi 6.000 toneladas de gasolina de pirólisis, o pygas, hacia el puerto de Barcelona. Este producto se utiliza como materia prima en petroquímica y también en mezclas de combustibles.
El matiz es importante: CREA no es una institución oficial de la Unión Europea, sino un centro de análisis con sede en Finlandia. Pero sus investigaciones han ganado peso porque rastrean flujos energéticos, cargamentos y rutas comerciales vinculadas a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Qué cambió el 21 de enero de 2026
Hasta este año, la UE ya prohibía importar petróleo y derivados rusos en muchos supuestos, pero existía una vía indirecta: comprar productos refinados en terceros países aunque se hubieran fabricado con crudo ruso. Ese resquicio empezó a cerrarse el 21 de enero de 2026, cuando entró en vigor la prohibición de importar productos petrolíferos obtenidos en terceros países a partir de crudo ruso.
Ahí está el núcleo de la denuncia. CREA sostiene que la refinería de Kulevi, situada en la costa georgiana del mar Negro y conectada al puerto por oleoducto, dependió exclusivamente de crudo ruso desde su apertura en octubre de 2025. Entre octubre de 2025 y finales de mayo de 2026, siempre según ese análisis, Kulevi recibió seis cargamentos de crudo ruso y no registró entradas de crudo de otros países.
Si esa trazabilidad se confirma, la llegada del pygas a Barcelona no sería un simple movimiento comercial, sino un ejemplo de cómo el petróleo ruso puede seguir entrando en Europa bajo otra etiqueta.
Kulevi ya está en el punto de mira de Bruselas
La sospecha no llega aislada. La Unión Europea incluyó recientemente a la refinería georgiana de Kulevi en su nuevo paquete de sanciones, con una prohibición de transacciones que entrará en vigor dentro de seis meses. Es una decisión relevante porque apunta directamente a una instalación situada fuera de Rusia, pero acusada de procesar crudo ruso y facilitar su salida hacia otros mercados.
La empresa propietaria, Black Sea Petroleum, ha trasladado que prevé dejar de refinar crudo ruso y sustituirlo por petróleo de otros países, como Turkmenistán y Kazajistán. Ese movimiento confirma que Bruselas está intentando ir más allá del origen declarado del producto final y mirar también de dónde procede el crudo utilizado para fabricarlo.
Barcelona como síntoma de un problema mayor
El caso de Barcelona no significa, por sí solo, que España esté comprando masivamente combustible ruso de forma directa. Pero sí coloca al país dentro de una red más amplia de rutas energéticas difíciles de vigilar.
Antes de Georgia, CREA ya había puesto el foco en puertos turcos como Ceyhan, Marmara y Mersin, desde donde salían productos refinados hacia la UE tras recibir grandes volúmenes de derivados vinculados a Rusia. España aparecía entonces como uno de los destinos europeos, aunque por detrás de mercados como Grecia, Chipre, Bulgaria o Malta.
La cuestión de fondo es incómoda para Europa. Cada nueva sanción obliga a cerrar una vía, pero el mercado energético busca otra. Y mientras el crudo ruso siga encontrando refinerías, puertos, intermediarios y compradores, el veto europeo dependerá menos de los titulares políticos y más de algo mucho más difícil: seguir el rastro real de cada cargamento.