Tener combustible almacenado para abastecer maquinaria, vehículos o embarcaciones no es ilegal por sí mismo, pero hacerlo de cualquier manera sí puede acabar provocando serios problemas. La Guardia Civil acaba de encontrar un buen ejemplo en La Manga del Mar Menor (Murcia), donde fueron incautados más de 1.000 litros de gasolina que una empresa náutica habría almacenado sin las autorizaciones y medidas de seguridad necesarias.
Durante la operación 'Finexego', los agentes localizaron garrafas en una furgoneta, recipientes de mayor capacidad en un garaje y hasta una instalación improvisada en un arcón situado en la zona de flotabilidad de un pantalán. Según la investigación, el combustible se utilizaba para repostar embarcaciones y motos acuáticas sin desplazarlas hasta una estación de servicio.
El propietario ha sido propuesto para sanción por presuntas infracciones de la Ley 21/1992, de Industria, y de la normativa ambiental de la Región de Murcia, entre otros motivos por carecer de sistema de protección contra incendios.
La gasolina está considerada un producto de especial riesgo
La regulación española clasifica la gasolina dentro de los hidrocarburos de clase B, aquellos cuyo punto de inflamación es inferior a 55 ºC. Esa característica explica que su almacenamiento esté sometido a requisitos mucho más exigentes que guardar otros líquidos de uso cotidiano.
Los riesgos no se limitan a que el combustible entre directamente en contacto con una llama. Los vapores inflamables, una fuga, una chispa de origen eléctrico o un derrame en un recinto poco ventilado pueden convertir un almacenamiento improvisado en una situación peligrosa.
A ello se añade el impacto ambiental. Una fuga puede alcanzar el suelo, desagües o masas de agua, por lo que junto a la normativa industrial pueden entrar en juego normas ambientales autonómicas y otras responsabilidades dependiendo de dónde y cómo se produzca el almacenamiento.
A partir de ciertas cantidades no basta con comprar unas garrafas
La ITC MI-IP03 regula en España las instalaciones de almacenamiento de combustibles para consumo propio. En el caso de productos de clase B, la exigencia administrativa aumenta rápidamente con la cantidad almacenada.
Como referencia, una instalación interior de más de 300 litros de combustible clase B requiere proyecto técnico; si está en el exterior, ese umbral pasa de 500 litros. Entre 50 y 300 litros en interiores, o entre 100 y 500 litros en exteriores, no se exige proyecto completo, pero sí documentación técnica y certificado de adecuación. Incluso por debajo de esas cantidades, la ausencia de trámites no elimina la obligación de cumplir las normas de seguridad.
La regulación establece además exigencias sobre recipientes, ventilación, distancias, accesos y protección frente a derrames. Para almacenamientos interiores de clase B, por ejemplo, contempla recintos específicos y equipos de extinción adecuados al riesgo.
Las multas pueden ser mucho más serias que perder el combustible
Las consecuencias tampoco terminan necesariamente con la retirada de las garrafas.
La Ley de Industria clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Las multas pueden alcanzar 60.000 euros para las leves, seis millones para las graves y 100 millones para las muy graves, aunque la cuantía concreta depende del riesgo generado, daños, intencionalidad, beneficio obtenido o reincidencia. En los supuestos muy graves puede incluso acordarse la suspensión de la actividad o el cierre del establecimiento hasta cinco años.
El caso de La Manga es especialmente llamativo por la cantidad y por la forma en que se habría organizado el repostaje, pero deja una advertencia aplicable mucho más allá de Murcia: almacenar gasolina para uso habitual no consiste simplemente en encontrar recipientes y un lugar donde guardarlos. A partir de cantidades relativamente modestas, la normativa empieza a exigir documentación, instalaciones específicas y medidas contra incendios precisamente porque las consecuencias de hacerlo mal pueden ir mucho más allá de una sanción.