La Ley de Movilidad Sostenible (LMS) ha culminado su prolongada tramitación parlamentaria en España, siendo aprobada de forma definitiva en el Congreso de los Diputados a finales de 2025. Esta normativa, que permaneció cerca de tres años en suspenso debido a desencuentros políticos y procesos electorales, representa un hito crucial para la descarbonización del transporte y, sobre todo, para la expansión del vehículo eléctrico en el ámbito corporativo.
El factor determinante que aceleró su aprobación no fue únicamente la voluntad de cambio modal, sino una estricta necesidad financiera. La LMS es una pieza estratégica dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su puesta en marcha era ineludible para desbloquear 10.000 millones de euros pertenecientes al quinto paquete de fondos europeos Next Generation.
Esta presión económica obligó a superar el debate generado por la enmienda del Partido Popular en el Senado, que buscaba incorporar la extensión de la vida útil de las centrales nucleares. La resolución de este conflicto, gracias a la abstención de Junts per Catalunya, fue ajustada, demostrando que la necesidad de salvaguardar los fondos europeos prevaleció sobre las diferencias ideológicas de último momento.
El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, enfatizó que la aprobación de la ley era de "vital importancia en el corto plazo" desde el punto de vista económico, dado que su objetivo principal es orientar la movilidad hacia la eficiencia ambiental.
Impulso a la electrificación
Para el sector del vehículo eléctrico, uno de los pilares más relevantes de la nueva legislación es la integración de la movilidad laboral sostenible en el tejido empresarial. La ley sitúa a las empresas en un papel esencial dentro de la transición energética al promover la electrificación de los desplazamientos como clave de competitividad y responsabilidad corporativa.
El mecanismo para lograr esta transformación son los Planes de Transporte Sostenible al Trabajo (PTS). En un plazo máximo de 18 meses desde la entrada en vigor de la LMS, las entidades públicas y las empresas que cuenten con centros de trabajo con más de 500 personas empleadas o 250 por turno, deberán disponer de estos planes.
El impacto directo sobre el ecosistema del coche eléctrico reside en el contenido de estos planes. Los PTS deben incluir medidas que promuevan el transporte compartido y el uso de medios de transporte de bajas o nulas emisiones. Esto conlleva la obligación implícita de implementar la infraestructura de recarga necesaria en las instalaciones laborales.
La ley refuerza la colaboración público-privada para acelerar la instalación de puntos de carga no solo en la vía pública, sino también en centros logísticos, aparcamientos y zonas de actividad económica.
Esta obligación corporativa representa un cambio de paradigma. Al establecer un plazo fijo (18 meses) y un umbral de tamaño para la implementación de los PTS, la legislación genera una demanda masiva y calendarizada de puntos de recarga de destino. Esto beneficia directamente a las flotas de vehículos de empresa y a los empleados que ya han adoptado el VE, asegurando que gran parte del tiempo de inactividad del vehículo (la jornada laboral) se utilice para la recarga. En la siguiente tabla se incluyen las obligaciones clave de la ley de movilidad sostenible para empresas:
| Ámbito | Criterio de Aplicación | Obligación Principal (PTS) | Plazo de Implementación |
|---|---|---|---|
| Empresas y Sector Público | Centros con más de 500 personas o 250 por turno. | Implantar Planes de Transporte Sostenible (PTS) que promuevan la electrificación. | 18 meses tras la entrada en vigor. |
| Zonas de Actividad Económica | General | Refuerzo de la colaboración público-privada para instalación de puntos de recarga. | Inmediato tras la aprobación. |
Armonización de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
Aunque la LMS sienta el marco político general, el rigor de la aplicación de las ZBE se articula principalmente a través del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre. La ley y el RD asociado buscan impulsar una movilidad más limpia y saludable en entornos urbanos, garantizando que las políticas públicas respondan a los retos del siglo XXI.
La normativa exige que las entidades locales establezcan objetivos cuantificables en sus proyectos de ZBE, enfocados en la mejora de la calidad del aire y la mitigación del cambio climático. Esta obligación de cuantificación y la necesidad de revisión de los proyectos cada tres o cuatro años tienen como objetivo estandarizar la aplicación y disipar la incertidumbre regulatoria que inicialmente surgió en algunos municipios.
La ley también dota a las autoridades municipales de las herramientas necesarias para la ejecución efectiva. El incumplimiento de las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento derivadas de las ZBE ha sido tipificado como una infracción grave en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico.
Escenario para la nueva Ley
La entrada en vigor de la LMS se produce en un momento de fuerte aceleración del mercado electrificado en España. En octubre de 2025, los vehículos electrificados (incluyendo eléctricos puros e híbridos enchufables) ya representaban el 20% de las ventas totales de turismos y todoterrenos. Las ventas acumuladas de vehículos eléctricos puros hasta 2025 superaban las 71.000 unidades, siendo las flotas de empresas y el renting canales importantes de adopción.
Simultáneamente, la infraestructura de recarga pública ha mostrado un dinamismo notable, registrando un aumento del 20 % en 2025 hasta alcanzar los 46.358 puntos. El nuevo marco regulatorio funcionará como un poderoso multiplicador sobre esta inercia de mercado.
Al obligar a la inversión en infraestructura privada y corporativa, la LMS asegura que la oferta de puntos de recarga crezca al ritmo de la demanda de vehículos, facilitando el cumplimiento de los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo.