El pulso entre el fabricante chino CATL y el Gobierno español sigue intensificándose a medida que avanza, con más lentitud de la prevista, el proyecto de la gran planta de baterías en Zaragoza. La compañía asiática, líder mundial en producción de baterías de iones de litio, insiste en la necesidad de trasladar temporalmente a 2.000 ingenieros, técnicos y supervisores chinos para poner en marcha las líneas de fabricación del complejo, una inversión conjunta con Stellantis que alcanza los 4.100 millones de euros.
El objetivo es que la gigafactoría esté operativa a finales de 2026, alimentando la transición eléctrica de Stellantis en Europa con baterías LFP, más baratas que las químicas de níquel y cada vez más populares en mercados occidentales. Sin embargo, el principal escollo para cumplir los plazos es la falta de consenso en torno al plan laboral.
Tensiones entre China y España
CATL defiende que no se trata de sustituir empleo local, sino de garantizar el arranque técnico de la producción. Según el vicepresidente de la compañía, Meng Xiangfeng, los especialistas que pretenden desplazar a España son esenciales para “construir, afinar y poner en marcha las líneas de producción, además de formar a los trabajadores locales”. Asegura que este procedimiento ya se aplicó en las plantas de Alemania y Hungría, y que es habitual en los proyectos de expansión internacional de la industria china de baterías.
Pero el argumento no convence a todos. El uso masivo de trabajadores chinos ha generado preocupación en diversos ámbitos: sindicatos, administraciones regionales e incluso la propia Comisión Europea, que vigila de cerca la influencia del gigante asiático en la cadena de suministro de tecnologías limpias. En Estados Unidos, casos similares han provocado protestas en plantas de Michigan y Ohio, lo que alimenta el debate en Europa sobre cómo equilibrar inversión extranjera y protección del empleo local.
Hay que llegar a un acuerdo
España, por su parte, mantiene silencio institucional mientras estudia alternativas. El asunto ha escalado lo suficiente como para entrelazarse con el debate europeo sobre la dependencia tecnológica de China. Bruselas ha planteado incluso la posibilidad de exigir a las compañías chinas la cesión parcial de tecnología si desean operar en territorio europeo, una medida que Pekín rechaza frontalmente.
CATL, que suministra baterías para más de 22 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo, continúa expandiendo su huella global y busca nuevos destinos para su producción. Adaptarse a las futuras normas de contenido local de la UE, vigentes a partir de 2030, es una prioridad estratégica. Por ello, la planta de Zaragoza se considera clave para reforzar la autonomía industrial del grupo dentro del mercado europeo.
Mientras las negociaciones siguen abiertas, el tiempo corre. La presión para iniciar la producción en 2026 aumenta, y la gigafactoría se ha convertido en un símbolo de la tensión entre dos fuerzas: la necesidad urgente de capacidad industrial para la movilidad eléctrica y la creciente resistencia social y política a aceptar condiciones que recuerdan la dependencia tecnológica de China.