La Unión Europea ultima una profunda actualización de la normativa sobre permisos de conducción que, aunque aún debe completarse formalmente, ya ha fijado su hoja de ruta y previsiblemente se implementará a partir de 2028 tras la aprobación de una nueva Directiva comunitaria.
El acuerdo entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo moderniza los requisitos para obtener y renovar el carné de conducir en los 27 Estados miembros con el objetivo de mejorar la seguridad vial y adaptar las reglas al entorno digital y a la movilidad del siglo XXI.
Muchos cambios para el carnet de conducir
En España, más de 27 millones de ciudadanos disponen de permiso de conducir, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el número de conductores supera los 250 millones. Pese a circular por una red viaria común y regirse por normas básicas compartidas, cada país mantiene su propio sistema de gestión del carné, con diferencias en la vigencia, los controles médicos o los criterios para su retirada por infracciones.
Las normas actualizadas redefinen varios aspectos claves del permiso de conducción. En primer lugar, se introducirá gradualmente un carnet digital comunitario, accesible desde un teléfono móvil a través de la Cartera de Identidad Digital de la UE, que coexistirá con la versión física que los conductores podrán solicitar si así lo desean. Esta innovación pretende simplificar la gestión de licencias y facilitar su reconocimiento automático en cualquier Estado miembro.
Además, la migración hacia carnets digitales forma parte de un esfuerzo general de digitalización administrativa que pretende reducir cargas burocráticas tanto para los ciudadanos como para las autoridades nacionales, al tiempo que potencia la interoperabilidad entre los sistemas de tráfico europeos. Una vez en vigor, la licencia digital será válida en todos los países de la Unión mientras que la física se mantendrá como alternativa para quienes no dispongan de dispositivos digitales o requieran un documento tradicional.
Una de las modificaciones de mayor impacto social será la introducción de un período de prueba mínimo de dos años para los nuevos conductores en toda la UE. Durante ese tiempo, los conductores noveles estarán sujetos a reglas y sanciones más estrictas, especialmente en materias como el consumo de alcohol, conducción bajo efectos de drogas o no utilizar cinturones de seguridad. Un planteamiento que responde a la creciente presencia de conductores jóvenes en las estadísticas de en accidentes graves en toda Europa.
Otra medida destacada abre la puerta a que los 17 años puedan obtener un permiso de conducción de automóviles (categoría B), con la condición de que conduzcan acompañados por un conductor experimentado hasta que cumplan los 18 años. Esta disposición, que ya ha sido objeto de debate y adaptaciones nacionales, pretende facilitar el acceso progresivo a la conducción bajo supervisión.
Las nuevas reglas también contemplan una respuesta a la escasez de conductores profesionales en Europa: los aspirantes podrán acceder a licencias para camiones (categoría C) desde los 18 años y para autobuses (categoría D) desde los 21 siempre que posean un certificado de competencia profesional, mientras que, sin ese certificado, los límites de edad se sitúan en 21 y 24 años respectivamente.
Para reforzar la formación y la seguridad, los exámenes teóricos y prácticos también se actualizarán con contenido más exhaustivo. Los futuros conductores deberán demostrar conocimientos sobre riesgos de distracción (como el uso del teléfono móvil al volante), ángulos muertos, sistemas avanzados de asistencia al conductor y la protección de usuarios vulnerables de la vía como peatones, ciclistas o niños.
Requisitos médicos y validez de los permisos
La revisión normativa contempla que, antes de obtener el primer permiso o al solicitar una renovación, los conductores deberán someterse a un reconocimiento médico obligatorio que incluya evaluaciones de visión y del estado cardiovascular. Aunque el examen estará armonizado en la UE, los Estados miembros podrán sustituir esta evaluación por formularios de autoevaluación o sistemas nacionales equivalentes, lo que ofrece cierta flexibilidad en la implementación.
En cuanto a la validez de los permisos, se establece un marco común: los carnets para coches y motocicletas serán válidos por 15 años, mientras que los de camiones y autobuses tendrán una validez de cinco años, con la posibilidad de que los países ajusten estos períodos para mayores de 65 años mediante controles médicos o cursos de reciclaje más frecuentes.
Otro aspecto clave de la reforma es la mejora del reconocimiento mutuo de decisiones administrativas relativas a la retirada, suspensión o restricción del derecho a conducir en cualquier Estado miembro. Bajo las normas actuales, una sanción en un país no siempre se ejecuta en el país de origen del conductor; el texto revisado obligará a que cualquier decisión de privación de licencia se traslade automáticamente al Estado emisor para garantizar la ejecución transfronteriza.
El cambio es una herramienta para combatir la impunidad de conductores que, hasta ahora, podían eludir sanciones graves cometidas en un país de la UE simplemente regresando a su país de residencia. Frenar esta práctica se considera fundamental para avanzar hacia la Visión Zero, el objetivo de reducir a cero las muertes y lesiones graves en las carreteras europeas para 2050, así como cumplir el objetivo intermedio de reducir estas cifras en al menos el 50 % para 2030.
Calendario de aplicación
Las normas revisadas se han acordado de forma provisional entre las instituciones comunitarias, pero aún deben ser formalmente adoptadas y transpuestas por los Estados miembros. Tras la aprobación de la Directiva, los países dispondrán de varios años para adaptar su legislación interna con plazos que podrían extenderse hasta 2028 o más para la completa implantación de todas las medidas, incluido el carnet digital y los sistemas de formación y pruebas actualizados.
La complejidad de armonizar sistemas administrativos, formativos y sanitarios a escala de la UE representa uno de los principales desafíos, así como asegurar que las reformas se traduzcan en una reducción tangible de accidentes y víctimas en las carreteras europeas. Asimismo, la adaptación de los Estados con sistemas nacionales de examen y renovación propios exigirá coordinación política y técnica en los próximos años.