La aprobación del Plan Auto+, el nuevo programa estatal de ayudas a la compra de vehículos electrificados dotado con 400 millones de euros, se encuentra bloqueada por un choque interno en el Gobierno. El Ministerio de Economía defiende la inclusión de un sistema de cálculo de huella de carbono como criterio clave para determinar qué modelos pueden acceder a las subvenciones, una exigencia que ha paralizado el proceso pese al consenso previo alcanzado por Industria con el sector.
Según fuentes de la industria, el Ministerio dirigido por Carlos Cuerpo quiere que las bases del plan incorporen un método que evalúe el impacto ambiental del vehículo a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo fabricación y reciclaje, siguiendo el modelo del Eco Score francés, en vigor desde 2024. Este enfoque podría dejar fuera de las ayudas a una parte significativa de los vehículos importados, especialmente los procedentes de China.
Un acuerdo previo ahora en suspenso
El bloqueo llega después de que el Ministerio de Industria cerrara a comienzos de enero un borrador consensuado con las patronales Anfac y Faconauto, con la intención de publicar las condiciones del Plan Auto+ tras las navidades. En ese texto se optaba por una solución intermedia: priorizar con mayores incentivos a los coches fabricados en la Unión Europea, pero sin excluir completamente a los modelos producidos fuera del territorio comunitario.
Este planteamiento buscaba evitar tensiones comerciales con China, en un contexto marcado por los aranceles europeos al coche eléctrico chino y por las negociaciones abiertas para atraer inversiones industriales a España. La introducción del criterio de huella de carbono cambia sustancialmente el enfoque y ha generado una fuerte división dentro del sector.
Economía impulsa una metodología propia
Fuentes conocedoras del proceso señalan que Economía lleva cerca de un año trabajando en una metodología de cálculo de huella de carbono aplicable no solo al automóvil, sino a bienes industriales en general. El proyecto estaría en una fase avanzada y contaría con el respaldo de Presidencia del Gobierno y del Ministerio para la Transición Ecológica, según la información recogida por La Tribuna de Automoción.
Este sistema se aleja del enfoque que prepara la Comisión Europea, centrado en requisitos de contenido local europeo, que se abordarán en la futura Industrial Accelerator Act, prevista para finales de enero. La falta de un marco comunitario claro añade incertidumbre al debate.
El sector pide rapidez y certidumbre
Mientras tanto, la posición mayoritaria entre fabricantes y distribuidores es clara: lanzar cuanto antes el Plan Auto+, incluso aunque más adelante se introduzcan ajustes para alinearlo con la normativa europea definitiva. La preocupación principal es que la indefinición frene el mercado justo cuando la electrificación había cogido impulso en 2025. De hecho ya se hablaba de una ayuda de unos 4.500 euros sin posibilidad de achatarrar en el borrador de enero, dejando fuera a los puntos de recarga, y ahora incluso hay medios como OkMotor que aseguran que fuentes cercanas al Gobierno han confirmado que se plantean unos incentivos de menos de la mitad para que no se acabe demasiado rápido el presupuesto asignado.
Como sea, el ejemplo a seguir seguramente sea el del Gobierno alemán, pues Berlín ha activado un plan de 3.000 millones de euros en ayudas de hasta 6.000 euros y hasta 2029, optando por posponer cualquier filtro adicional hasta que la UE defina su estrategia industrial.
Con un sistema similar al francés, entre el 80% y el 90% de los modelos europeos cumplirían los requisitos. Los vehículos ensamblados en Turquía quedarían mayoritariamente dentro, mientras que los fabricados en Marruecos dependerían del proceso productivo y los materiales utilizados, y la mayoría de los vehículos eléctricos chinos se quedarían fuera.